¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026!

Gregorio Graterol @GoyoGraterol (marzo 12, 2026): 8 meses después, me entregan una boleta diciendo que mi causa queda sobreseída. No hay hoja que borre el encierro, el daño y, mucho menos, la verdad.
La verdadera amnistía empieza cuando se reconozca el daño y se garantiza que nunca más se repetirá.

¡La falsa ley de amnistía del chavismo es una estafa! (5) ¡Una ley de amnistía aprobada por una Asamblea ilegítima! ¡Derogación de leyes punitivas: Eliminar las normas que el sistema ha usado para perseguir (Como la Ley contra el Odio)! ¡Desmantelamiento del sistema represivo: Asegurar que los órganos de inteligencia y justicia no puedan volver a encarcelar ciudadanos por motivos políticos una vez aplicada la ley! ¡Te contaré una historia (5)!

¡Crónica de una Amnistía anunciada V! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
Blanca Rosa Mármol @BMarmoldeLeon (marzo 13, 2026): Más de 500 presos políticos continúan detenidos gracias a la aplicación de la farsa de la Ley de Amnistía discriminatoria y amenazante. Desde el principio estuvo claro que la intención era No Darle la Libertad Plena a Todos los Presos Políticos.
Joel García @Joelgarcia69 (marzo 12, 2026): Aplicar la Ley de Amnistía de forma parcial ante un mismo suceso desvirtúa su naturaleza, transformándola en un privilegio selectivo que vulnera la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Es un hecho, no un menú. Libertad para @PerkinsRocha
Blanca Rosa Mármol @BMarmoldeLeon (marzo 10, 2026): La Ley de Amnistía ha servido a los fines a los que fuera concebida: La selección arbitraria de los beneficiarios de la libertad.
La injusticia continúa, jueces sin autonomía ejecutan los designios del régimen. Mientras tanto muchos presos políticos continúan igual.
Joel García @joelgarcia69 (marzo 09, 2026): La aplicación selectiva de la amnistía viola el principio de igualdad ante la ley. Si otros acusados por la misma causa ya están libres, no hay base jurídica que explique por qué Perkins Rocha sigue preso. La justicia debe ser norma, no discrecionalidad política. @PerkinsRocha
Zair Mundaray @MundarayZair (marzo 09, 2026): Yo creo que un buen parámetro para establecer el carácter político de la persecución e incluso la falsedad de la acusación del @MinpublicoVEN  es chequear todos los casos en los que @TarekWiliamSaab  hizo rueda de prensa y explicaciones públicas de los hechos y los delitos. Sólo revisar lo que dijo, delata el montaje, no hay que hacer más.
Juan Pablo Guanipa @JuanPGuanipa (marzo 06, 2026): El sábado pasado, un alguacil del sistema de justicia se acercó a mi casa para entregarme una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo.
En ella se me informa que se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal.
Los delitos por los que hasta ahora había sido perseguido y encarcelado son cinco: Terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia (ley antiterrorismo), conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria (Código penal).
¡El Chacal se quedó pendejo!
Como la semana pasada pude nombrar exitosamente a Joel García como mi abogado defensor, accedimos al expediente y todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién.
Sin hechos no hay delito.
Sin delito no hay proceso legítimo.
Esto es persecución, no justicia.
La amnistía no perdona, olvida hechos.
¿Y qué ocurre cuando no hubo hechos?
Que lo que se “olvida” es la persecución.
La gran mayoría de los amnistiados nunca cometió delito alguno.
La amnistía no limpia culpas, desnuda abusos. 
Es profundamente indignante que a mí y a miles de personas y a nuestras familias y a toda la nación venezolana nos hayan sometido a esta ominosa opresión solo por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad.
Y todo esto lo han hecho porque sufren de la patología del poder, esa ambición desproporcionada y desmedida que lleva a algunos a cometer cualquier barbaridad para alcanzar o mantenerse en el poder.
De casos parecidos está llena la historia.
Venezuela se encamina hacia la solución de esta ya larga crisis a través de un proceso que culminará en elecciones.
Qué todo esto nos sirva de aprendizaje para que nunca más vuelva a vivirse esta historia de terror en la que un Estado ilegítimo persigue a la nación a la que debería servir.
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Ley de Amnistía? (5).
¡Amnistía si! ¡Impunidad no! ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
¿Amnistía para quién? La ley habla de justicia, de reconciliación, de pasar la página..., pero olvida a millones de venezolanos en el exilio.
José AMALIO Graterol @JoseAGraterol (marzo 08, 2026): ¡¡Gravísimo. ‼️ Denuncias reiteradas indican que “Jueces” del régimen estarían cobrando miles de dólares para tramitar supuestos procesos de amnistía dirigidos a perseguidos políticos que se encuentran en el exterior. En Venezuela la justicia fue secuestrada y convertida en un negocio criminal donde incluso el miedo y la persecución se utilizan para extorsionar.
Juan Pablo Guanipa @JuanPGuanipa (marzo 07, 2026): Cientos de venezolanos siguen injustamente detenidos en los centros de tortura del régimen. En El Rodeo hay familias que día y noche esperan una noticia sobre sus seres queridos, duermen en carpas y están en condiciones completamente inhumanas. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares. Que todos vuelvan a casa, vivos, libres y en paz. #QueSeanTodos
Zair Mundaray @MundarayZair (marzo 05, 2026): #INDEFENSIÓN Ya algunas cortes de apelaciones, especialmente las de la ilegal competencia en terrorismo, han dictado decisiones en las que NIEGAN solicitudes amnistía a personas que han sido injustamente condenadas. Y acá surge una pregunta obvia: ante quien se apela de estas decisiones? O es que la ley estableció para los condenados un proceso de única instancia?
Procedimiento Judicial:
Artículo 11: El tribunal competente, a instancias de parte, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretara el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencia de reemplazo, en un plazo que no excederá de quince (15) días continuos. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.
Corresponderá al tribunal de control o juicio conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos que se encuentren en fase preparatoria, intermedia o de juicio. La solicitud podrá ser presentada por el Ministerio Público, la persona imputada o acusada o su defensor o defensora.
Corresponderá a la corte de apelaciones conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos en fase de ejecución. La solicitud podrá ser interpuesta por cualquiera de los sujetos a los que hace referencia el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal.
¡Aunque usted no lo crea!
¡Medidas cautelares son una extensión de la persecución en Venezuela, afirman expertos!
La cautelares en Venezuela han funcionado como mecanismo de control y presión sobre los grupos políticos.
El sistema de justicia en Venezuela mantiene un patrón de medidas cautelares que afecta a los presos políticos excarcelados, incluso tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado 20 de febrero. 
Para los defensores de derechos humanos estas medidas cautelares, operan como una herramienta de control que prolonga la situación de vulnerabilidad de quienes han salido de los centros de reclusión. La aplicación de regímenes de presentación y prohibiciones de salida del país sustituye la privación de libertad, pero no extingue la acción penal ni garantiza el debido proceso.
La vigencia de estas restricciones procesales, con las que han salido de las cárceles un número importante de presos políticos, impide que las personas que obtuvieron boletas de excarcelación recuperen plenamente su libertad y permiten al Estado mantener expedientes abiertos, muchas veces sin pruebas sólidas.
Para los abogados y expertos en defensa de los derechos humanos, esta práctica de imponer cautelares cuando lo que aplicaría es la libertad plena contraviene las garantías judiciales y transforma el proceso penal en un mecanismo de castigo preventivo que se extiende más allá de los muros de las cárceles. Esto afecta la integridad física y psicológica de los afectados y sus núcleos familiares.
Para comprender el alcance de cómo las medidas cautelares se convierte en una especie de castigo o de atadura para los excarcelados, en Efecto Cocuyo conversamos con Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Kelvin Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y por la Democracia.
La cautelar como mecanismo de control político y social
Los expertos tienen claro que las medidas cautelares en el país han funcionado como un mecanismo de control, el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconoció recientemente que más de 11 mil personas en el país estaban sujetas a estas medidas, cifras que concuerdan con las manejadas por Foro Penal.  
El abogado Kelvin Zambrano indica que, debido a la ausencia de autonomía judicial, los jueces operan bajo consultas de funcionarios del Poder Ejecutivo para mantener los procesos abiertos. Este patrón, asegura, busca «seguir manteniendo el control y la presión sobre los grupos políticos» para asegurar que la amenaza de revocatoria de la medida limite el ejercicio de los derechos civiles.
La abogada Martha Tineo califica este esquema como una «prisión a cielo abierto», que instrumentaliza el sistema de justicia para perseguir a disidentes reales o percibidos. La jurista explica que mantener a una persona judicializada sin pruebas sólidas es una manera de ejercer un control permanente basado en el miedo. 
La defensora de derechos humanos señala que, por ejemplo, las restricciones, como la prohibición de hablar a los medios, pretenden «acallar y silenciar denuncias en cuanto a la detención arbitraria, la desaparición forzada y las torturas», dice.
Resalta que, incluso tras la aplicación Ley de Amnistía, muchas excarcelaciones se han realizado bajo imposición de nuevas medidas cautelares en lugar de libertad plena. Señala que esta vulnerabilidad no se debe al incumplimiento de normas por parte del procesado, sino al «uso absolutamente discrecional y arbitrario del poder». 
Para los entrevistados, el objetivo real de estas medidas es la desmovilización de líderes con impacto en la opinión pública. Zambrano sostiene que el sistema envía un mensaje de advertencia al resto de la sociedad al demostrar que, aunque la persona salga de la cárcel, sigue sometida a un proceso que genera afectaciones psicológicas.
 El abogado enfatiza que este tipo de medidas busca reducir la participación y la interacción de los ciudadanos en el espacio público mediante la coacción judicial.
Dificultad para retomar una vida normal
La imposición de regímenes de presentación periódica ante tribunales anula la posibilidad de que los excarcelados retomen una vida normal. La directora de JEP explica que estas medidas dificultan la obtención de empleo, pues pocos empleadores permiten ausencias semanales o quincenales. 
«Muchas de esas personas son del interior del país, entonces no es un día, quizás pueden ser dos días entre ir y venir a Caracas a presentarse», afirma. 
La jurista apunta a que las barreras logísticas y las estigmatizaciones políticas juegan un rol determinante en la exclusión económica de los excarcelados con medidas cautelares. Tineo señala que los empleadores temen que la persecución estatal se extienda a sus empresas si contratan a personas judicializadas. 
En el ámbito psicológico, el coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte sobre el deterioro de la salud mental debido a la amenaza constante de ser encarcelados nuevamente.
 El mantenimiento de causas injustificadas, dice, genera estrés postraumático y una angustia permanente en personas que son inocentes.
 «Esto implica un deterioro de su estado de salud psicológico porque, sobre todo estas personas que son inocentes, siguen sometidas a un proceso judicial», dice Zambrano. 
A estas irregularidades, la abogada Tineo añade que el acecho se extiende a las familias de las víctimas, que viven bajo el pánico de una decisión arbitraria en cada presentación judicial. La abogada menciona casos donde el desgaste emocional ha tenido consecuencias fatales para los familiares cercanos. 
Indefensión jurídica
El derecho a la defensa privada también es una de las limitantes que tienen que enfrentar los presos políticos que fueron excarcelados con medidas cautelares. 
Tineo recordó que desde hace casi tres años se prohíbe de forma generalizada la designación de abogados de confianza en casos de presos políticos. En su lugar, el Estado impone defensores públicos que validan las decisiones de los tribunales y las acusaciones del Ministerio Público sin sostener una defensa judicial real ni reunirse con los detenidos. 
Tineo expone que Incluso en expedientes donde se permitió el acceso de abogados privados, las limitaciones procesales impiden un trabajo efectivo y relata que a los defensores se les niega el acceso a las actas, se les prohíben copias certificadas y solo se les permite revisar los expedientes minutos antes de las audiencias. 
“La limitación está en que no le permiten designar abogados de confianza y en otros casos donde sí, a los abogados solo le daban 10 minutos para acceder al expediente”, señala la jurista. 
Sobre la duración de estas restricciones, no existe en la legislación venezolana un límite máximo para las cautelares. “Hemos visto que personas se mantenían judicializadas por más de 12 años con injustos procesos judiciales abiertos”, explica. 
El Código Orgánico Procesal Penal establece un límite de dos años para la privación de libertad sin juicio, pero la abogada señala que esta norma es ignorada, manteniendo a cientos en «condenas anticipadas» sin sentencia alguna.
Fuente: EFECTO COCUYO, por Efecto Cocuyo | @efectococuyo, marzo 14, 2026.
¡Una Nota Final...!
 
¡Rick Scott denuncia que más de la mitad de los presos políticos en Venezuela siguen encarcelados pese a la Ley de Amnistía!
 
El senador republicano de Estados Unidos, Rick Scott, exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela y cuestionó la aplicación de la llamada ley de amnistía aprobada recientemente en el país.
Denunció que hombres y mujeres “inocentes” siguen sufriendo torturas y persecución por defender la democracia y la libertad. En ese contexto, mencionó el caso de Jorge Henrique Alayeto Bigott, quien —según afirmó— permanece encarcelado desde 2017 únicamente por amar a su país y desear su libertad.
El senador también se refirió a las declaraciones de la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, sobre una posible cooperación con Estados Unidos y la instó a demostrarlo con acciones concretas. “Liberen a Jorge y a todos los presos políticos ya. Estamos observando”, afirmó Scott, reiterando su llamado a la liberación de los detenidos por razones políticas.
«Bajo la llamada ley de “Amnistía” de Venezuela, TODOS los presos políticos arrestados por el despiadado régimen de Maduro deberían ser liberados, pero más de la MITAD permanecen tras las rejas. Hombres y mujeres inocentes siguen siendo torturados simplemente por defender la democracia y la libertad. Jorge Henrique Alayeto Bigott ha sido encarcelado injustamente desde 2017 por una razón: amar a su país y querer que sea libre. Delcy Rodríguez dice que quiere cooperar con los Estados Unidos, entonces que lo demuestre. Liberen a Jorge y a TODOS los presos políticos AHORA. Estamos observando», escribió Scott en su cuenta en la red social X.
Fuente: Monitoreamos, porRedacción Monitoreamos, marzo 11, 2026.
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