¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026!

LabPazVe @LabPazVe (marzo 06, 2026): Deroguen las leyes represivas y de persecución política en Venezuela. El 30.01.2026, hace más de 20 organizaciones alertamos la urgencia de desmontar el Estado Represivo y su andamiaje legal.
Mientras estas leyes se mantengan, no existe posibilidad del ejercicio pleno de los derechos sociales, civiles y políticos y permanece el gravísimo riesgo de la Puerta Giratoria. Transición y estabilización requiere el cese de la política de enemigo interno y persecución. 

¡La falsa ley de amnistía del chavismo es una estafa! (4) ¡Una ley de amnistía aprobada por una Asamblea ilegítima! ¡Derogación de leyes punitivas: Eliminar las normas que el sistema ha usado para perseguir (Como la Ley contra el Odio)! ¡Desmantelamiento del sistema represivo: Asegurar que los órganos de inteligencia y justicia no puedan volver a encarcelar ciudadanos por motivos políticos una vez aplicada la ley! ¡Te contaré una historia (4)!

¡Crónica de una Amnistía anunciada IV! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
Zair Mundaray: El Dr. @joelgarcia69  se refiere a la grotesca audiencia celebrada el día de hoy por el caso "Plaza Venezuela" en el que Diosdado Cabello junto a @TarekWiliamSaab  apresaron sin prueba alguna a un grupo de personas que supuestamente iban a poner un artefacto explosivo. El "juez" Carlos Liendo quien por fin fue al tribunal, hizo la audiencia con una gorra que dice "Dudar es Traición" y los mandó a juicio luego de presionarlo para que admitieran la responsabilidad.
Cita Joel García @joelgarcia69·5 mar. ¿Presunción de inocencia? ¡Qué concepto tan anticuado! Ahora los jueces usan gorras de "Dudar es traición" en plena audiencia. Qué ahorro de tiempo, para qué pruebas o defensa si el veredicto ya viene bordado en la frente del juez. El chiste se cuenta solo. (marzo 05, 2026).
Joel García @joelgarcia69: Para limpiar el Poder Judicial hay que empezar por casa. La señal de cambio debe ser la investigación inmediata de este juez y su personal de confianza. No más impunidad ni favoritismos; el examen de sus actuaciones es el primer paso hacia una justicia digna.
Cita Zair Mundaray @MundarayZair·4 mar.#URGENTE lo que ocurre con el "juez" Carlos Liendo es grotesco e inaceptable!!! Está a cargo de dos tribunales de terrorismo, impide la designación de abogados en TODOS los casos, no asiste a trabajar y las audiencias son por llamada de WhatsApp. Es el juez que canalizó casi... (marzo 05, 2026).
Abg. Ande Fagundi @andefagundi1: El término "desacato constitucional" y las acusaciones de "jueces delincuentes"  @ONUHumanRights  se han intensificado recientemente en el contexto Judicial en Venezuela, existe un ministro de justicia que da órdenes directas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. @ONU_es (marzo 05, 2026).
Blanca Rosa Mármol @BMarmoldeLeon: Los presos políticos en El RODEO siguen gritando además por atención médica. Procede Indulto Masivo desde el principio Desde que el régimen fue derrotado. (marzo 06, 2026).
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Ley de Amnistía? (4).
¡Amnistía si! ¡Impunidad no! ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
¿Amnistía para quién? La ley habla de justicia, de reconciliación, de pasar la página..., pero olvida a millones de venezolanos en el exilio.
Sairam Rivas @SairamRivas: Después de 12 años de una prisión y un juicio injustos, hoy he obtenido formalmente el sobreseimiento de mi causa y mi libertad plena.
Hace 12 años, con 20 años de edad, fui injustamente detenida cuando fueron desmantelados varios campamentos en Caracas, junto a más de 270 jóvenes en una misma noche.
Aquellos campamentos surgieron como respuesta a la militarización de diversas plazas del país y al creciente aumento de la represión durante el año 2014.
Aún son muchos los venezolanos, civiles y militares, que siguen injustamente detenidos y que han sido excluidos de la Amnistía, permaneciendo en condiciones inhumanas de reclusión y en centros de detención que siguen funcionado como espacios de tortura.
De igual forma, estas libertades —aún incompletas— deben ir acompañadas de la reparación a las víctimas: madres y familias enteras que han sufrido tratos inhumanos en los centros de detención, así como cientos de presos políticos que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad.
El camino hacia la reconciliación debe comenzar  avanzando hacia la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares.
Asimismo, deben sentarse las bases para la verdad, garantías reales de no repetición y la reparación de las víctimas.
Mi compromiso continúa hasta #QueSeanTodos. (marzo 06, 2026).
¡Aunque usted no lo crea!

¡Ni la amnistía ha podido ayudar en casos de presos políticos desaparecidos e incomunicados!
 
Los miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) encabezaron una protesta en las afueras del Palacio de Justicia para exigir celeridad en las liberaciones de los presos políticos que recibirán amnistía y que se esclarezcan los casos de personas que aún están desaparecidas o incomunicadas.
 
Caracas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció este martes, 3 de marzo, que pese a que han pasado casi dos semanas desde la aprobación de la Ley de Amnistía, actualmente es vista por muchas de las víctimas como “un instrumento para generar más dolor”, en tanto ha sido imposible la atención de casos de detenidos incomunicados y desaparecidos. 
El grupo hizo la denuncia durante una protesta en las afueras del Palacio de Justicia, donde los últimos días hubo colas de cientos de personas que acuden a los tribunales para obtener información o solicitar la amnistía para los más de 11.000 ciudadanos sometidos a medidas restrictivas de su libertad por razones políticas y, particularmente a las 568 que aún siguen detenidas, según cifras del Foro Penal. 
“Son muchos aún quienes siguen desaparecidos, son muchos aún quienes siguen incomunicados (…) Tenemos que ver que esta amnistía en lugar de servir como un  instrumento de reconciliación se está convirtiendo en un elemento para generar mayor dolor, sufrimiento y revictimización de las víctimas”, dijo la vocera de la organización, Sairam Rivas.
En este sentido hizo un llamado a la comunidad internacional así como a organizaciones de la sociedad civil para que mantengan el acompañamiento a familiares de los presos políticos y persistan en la exigencia de “libertad para todos”.
Este mismo martes el presidente de la comisión parlamentaria que fiscaliza la aplicación de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que hasta el lunes, 2 de marzo, recibieron 9419 solicitudes de amnistía y se han otorgado 6071 libertades plenas.
Detalló que de la cifra de amnistiados, 5826 son personas que tenían medidas cautelares y estaban en régimen de presentación. Agregó que 245 personas que estaban encarceladas recibieron libertad plena. 
Insistió en que el sistema de justicia “está haciendo un trabajo extraordinario”, con el fin de que “no se generen cuellos de botella” en este proceso masivo en cuanto a la recepción de documentos para optar por la amnistía.
Una “improvisación enorme”
El abogado penalista, Joel García, acompañó la protesta y cuestionó los mecanismos de aplicación de esta norma, al asegurar que “hay una improvisación enorme” en cuanto a las formas para solicitar y otorgar la amnistía en cada caso. 
“La ley no es ni general, ni de ámbito personal a todo ni cubre el período que dice (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie. Esa ley no habla de reparación, no habla de indemnización Esa ley no pide perdón a las víctimas que son el centro de gravedad de la Ley de Amnistía”.
Denunció que los tribunales “no saben” cómo actuar cuando reciben los casos y que, además, hay trabas en cuanto a la designación de defensa privada para aquellos presos políticos que han sido excluidos de la amnistía.
García contó sobre un caso en el que el propio juez le insistió en que es el imputado quien debe firmar su designación como abogado, cuando se encuentra incomunicado desde  su detención. 
Desde Clippve consideran que la Ley de Amnistía debería servir para cerrar cárceles consideradas “centros de tortura” y para que las familias que reportan a sus familiares como desaparecidos puedan ser ubicados y reconectados con sus seres queridos. 
Diego Casanova, otro vocero de la organización de familiares, remarcó que las cifras oficiales que las autoridades han ofrecido como balance de la aplicación de la ley y que dan el número de 245 liberados. Clippve solo ha podido confirmar 150 liberaciones y varios excarcelados dentro de este número. 
Recordó que muchos familiares mantienen presencia en las entradas de los centros de detención donde hay presos políticos, una protesta establecida a partir del 8 de enero y que, además, algunos presos en el Rodeo I insisten en la huelga de hambre como medida de presión para exigir que se aceleren las liberaciones. 
La petición, remarcaron los voceros, es amnistía inmediata para todos los presos políticos sin distinciones. 
Fuente: Crónica Uno, por Redacción @cronicauno, 3 marzo, 2026.
¡Una Nota Final...!
 
¡Una amnistía a la medida del régimen por Humberto González Briceño!
 
Algunos familiares hablan de semanas de espera sin información clara. Abogados describen despachos saturados, funcionarios desbordados y criterios que cambian según la jurisdicción.
 
Las redes sociales se han convertido en un registro paralelo de la lentitud judicial. En los últimos días, familiares de presos políticos, abogados y activistas han denunciado que las solicitudes de amnistía se acumulan sin respuesta, que los tribunales no dan abasto y que el sistema judicial ha colapsado ante un volumen que jamás previó. La ley prometía celeridad; lo que se percibe es atasco. Donde debía haber plazos breves, hay silencio administrativo.
La ley de amnistía aprobada recientemente estableció que los tribunales debían revisar cada caso y pronunciarse en un lapso relativamente corto. No era una amnistía automática: exigía verificación individual, análisis procesal y decisión formal. En teoría, ese mecanismo buscaba dar garantías jurídicas. En la práctica, ha evidenciado lo que muchos ya sabían: el sistema judicial no estaba preparado para actuar con rapidez ni para gestionar miles de expedientes simultáneamente.
El texto legal abarca hechos vinculados a persecución política, protestas y procesos considerados de motivación política ocurridos durante más de dos décadas. También establece exclusiones específicas para delitos graves que no puedan considerarse estrictamente políticos. Ese equilibrio —inclusiones amplias con límites formales— exigía un aparato judicial eficiente y autónomo. El problema es que ese aparato no existe con la solidez que la ley presupone.
Las denuncias recientes apuntan a un cuello de botella: solicitudes introducidas que no avanzan, audiencias que no se fijan, decisiones que no se notifican. Algunos familiares hablan de semanas de espera sin información clara. Abogados describen despachos saturados, funcionarios desbordados y criterios que cambian según la jurisdicción. La amnistía, concebida como gesto político de distensión, se ha transformado en una carrera de resistencia burocrática.
No es sólo un problema técnico. Es estructural. Un sistema judicial que durante años operó bajo presión política, con déficit de independencia y precariedad institucional, difícilmente puede reconvertirse de la noche a la mañana en una maquinaria ágil de restitución de derechos. La justicia lenta no es neutral: prolonga el daño. Cada día de retraso significa un día adicional de encierro para quien espera libertad bajo el amparo de una ley vigente.
Hay un contraste inquietante entre la narrativa oficial de reconciliación y la realidad de los pasillos judiciales. Se anuncia una puerta abierta, pero el acceso depende de un trámite que se empantana. Se proclama voluntad política, pero la ejecución administrativa no acompaña el discurso. La ley promete cerrar un ciclo; la práctica lo estira.
Una amnistía no se mide por su publicación en gaceta, sino por la velocidad con que produce efectos reales. Si el país decidió avanzar hacia una fórmula de alivio político, debe asumir el costo institucional de hacerlo bien. Eso implica recursos, coordinación, transparencia y, sobre todo, decisión.
De lo contrario, la amnistía corre el riesgo de convertirse en una paradoja: una ley creada para liberar que termina prolongando la incertidumbre. Y en materia de justicia, la incertidumbre no es un detalle técnico; es una forma más de castigo.
Fuente: La Razón, marzo 01, 2026.
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