¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026! ¡Constitución, Elecciones ... Será!

mariaespueblo @mariaespueblo (julio 22, 2026): Esta es una historia que pretende contar un relato conocido por tod@s pero nombrados por poc@s y es un BREVIARIO PARA DESMONTAR IMPOSTORES.
Dijo el Rey de corazones, el mismo de Alicia en el país de las maravillas, tomándose un café que:
"La Constitución no es plastilina ni un adorno para justificar tiranías. Cuando el periodo vence, el funcionario pierde la investidura y se convierte en un ocupante ilegítimo.
Invocar "continuidad administrativa" o esperar transiciones artificiales para eternizarse en el poder no es derecho, es usurpación y abuso de formalismos.
Es cierto que en la práctica la norma a menudo se debilita frente al ejercicio discrecional del poder, convirtiéndose en letra muerta.
Sin embargo, como el niño en *El traje nuevo del emperador*, nuestra tarea es no normalizar la ficción. La realidad jurídica no cambia por decreto y la legalidad no se pliega al capricho de un cacique.
¿Seguiremos aplaudiendo el traje invisible o tendremos el valor de decir que el rey está desnudo? MADM

¡La falta absoluta del presidente de la república y el deber constitucional de restituir el orden institucional! (19) ¡Una vez declarada la falta absoluta, el artículo 233 ordena, convocar una elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días siguientes! ¡La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja vacíos frente a las crisis de poder! ¿Puede un presidente ejercer efectivamente su cargo si enfrenta condiciones que limitan de manera estructural su actuación? ¡Te contaré una historia (19)!

¡Crónica de una Falta Absoluta anunciada XIX! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
“Quien no sabe la verdad es un estúpido pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal” (Bertolt Brecht). "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia" (Montesquieu).
vision24.television (julio 21, 2026): "EN VENEZUELA NO HAY LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL": LA ADVERTENCIA DE ANTONIO DE LA CRUZ.
El analista político Antonio De La Cruz afirmó que Venezuela atraviesa una profunda crisis de legitimidad institucional y aseguró que ninguna de las estructuras de poder cuenta con el reconocimiento necesario para garantizar la estabilidad del país.
Durante una entrevista en Buenos Días de VPItv, explicó que la estrategia impulsada por Estados Unidos no estaría orientada a imponer un modelo jurídico determinado, sino a respaldar un proceso que permita reconstruir la confianza en las instituciones venezolanas.
Según De La Cruz, ese objetivo se basa en cuatro pilares fundamentales: la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), reformas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la restitución plena de los derechos políticos y la garantía efectiva de la libertad de expresión.
A su juicio, avanzar en esos cuatro puntos permitiría crear las condiciones para celebrar una elección presidencial cuyo resultado sea reconocido por todos los sectores políticos y sociales, fortaleciendo así la institucionalidad democrática del país.
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Falta Absoluta? (19). ¡TSJ evade fijar falta temporal o absoluta: qué ven los constitucionalistas #90DiasSinMaduro!  ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
elimpulso (julio, 2026 - 1 semana):  ¡Junta de Gobierno en Venezuela!
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León y el abogado constitucionalista Pablo Aure difundieron un pronunciamiento en el que manifestaron su respaldo a la conformación de una Junta de Gobierno como mecanismo de transición política en Venezuela.
En el texto, ambos sostienen que la sociedad civil declaró el pasado 3 de julio la "falta absoluta" de Nicolás Maduro y del gobierno que califican como "de facto", e hicieron un llamado a los venezolanos y a las autoridades de Estados Unidos a apoyar esa iniciativa.
Los firmantes afirman que la propuesta busca restablecer el orden constitucional y conducir al país hacia elecciones presidenciales y legislativas "libres, justas y soberanas".
En el comunicado, Mármol de León y Aure señalan que la iniciativa se fundamenta en el artículo 5 de la Constitución venezolana, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Según su interpretación, la declaración de falta absoluta abrió el camino para promover la creación de una Junta de Gobierno de carácter provisional.
De acuerdo con el documento, ese órgano tendría como objetivo estabilizar las instituciones, restablecer el orden constitucional y organizar, en el menor tiempo posible, elecciones para elegir un nuevo presidente y una Asamblea Nacional.
Los juristas también dirigieron fuertes críticas a la política del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. En el texto sostienen que la administración del presidente Donald Trump habría favorecido la continuidad del oficialismo en lugar de respaldar la propuesta impulsada por el movimiento que promueve la Junta de Gobierno.
¡Aunque usted no lo crea!

Sebastiana Barráez | Entre protestas e intimidación policial, organizaciones entregaron a la Asamblea un documento por elecciones libres y restitución del orden constitucional.
 
Veinticinco organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales consignaron un documento en la Asamblea Nacional para exigir el reconocimiento de los resultados del 28J, la renovación del CNE y la convocatoria a elecciones libres en Venezuela, en medio de denuncias por intimidación policial.
Veinticinco organizaciones políticas, sociales, laborales y de derechos humanos realizaron acciones públicas en Caracas, Monagas y Yaracuy para exigir el reconocimiento de los resultados del 28 de julio de 2024, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de comicios presidenciales y parlamentarios con garantías democráticas.
Veinticinco organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunitarias, culturales y de derechos humanos entregaron un documento ante la Asamblea Nacional, denunciaron que Nicolás Maduro “usurpó el poder de manera descarada” y calificaron a Delcy Rodríguez como “fruto de la usurpación, el fraude y el golpe de Estado continuado”.
La acción fue parte de protestas en tres regiones del país para exigir el reconocimiento de las elecciones del 28J cuando “el pueblo se pronunció de manera inequívoca”.
Bajo las consignas “el 28J ya decidimos por democracia y libertad” y “elecciones ya”, las manifestaciones se desarrollaron frente a la Asamblea Nacional, en Caracas; en Monagas, mediante una rueda de prensa con representantes de diversos sectores; y en Yaracuy, con la participación de familiares de personas detenidas en la comandancia de la Policía regional.
Las actividades fueron organizadas e impulsadas por las organizaciones Espacio Consenso por un Nuevo País, el Comité Nacional en Defensa de la Constitución (Cúmplela), con respaldo de la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) y 20 organizaciones de tipo político, social, de derechos humanos, laborales, comunitarias y culturales.
Entre las organizaciones figuran Movimiento Laborista, Conciencia Ciudadana, Foro Independencia, Rótulo Ediciones, Colectivo DDHH Toromayma, Frente Norte de Caracas, Hombres por la igualdad y la equidad, Sociedad Civil Yaracuy en Transición, Unete, Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Red Verde, Red de Apoyo Social, Unassg del Zulia, Sindicato de trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional, Comité por la liberación de los luchadores sociales presos políticos, Casa del Trabajador, Mi Ciudad, Coalición Siderúrgica 40, Movimiento de Trabajadores Unidad en la Coincidencia, Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) y UTDZ.
En Yaracuy, la abogada Marbella Gutiérrez, megáfono en mano, acusó al régimen venezolano de actuar de forma inhumana e inoperante “frente a los daños causados por el doble terremoto del 24 de junio. 
“Ante tanta inoperancia tenemos que exigir la inmediata salida del régimen y el inicio de una transición con un Gobierno de transición encabezado por el presidente que elegimos el 28 de julio”, afirmó en alusión a Edmundo González.
Gutiérrez sostuvo que el eje de la movilización es “defender los resultados del 28 de julio 2024 día en que los venezolanos acudieron a votar “con todo el riesgo que implicaba”. Recordó que esa jornada dejó heridos, fallecidos, exiliados y personas en la clandestinidad.
La abogada pidió no restar valor histórico a esa fecha y afirmó que aunque otros países no la reconozcan del mismo modo, para los venezolanos representa una marca de valor “histórico, moral y ético” vinculada al ejercicio de la soberanía popular.
Gutiérrez insistió en que un eventual Gobierno de transición debería iniciar la reconstrucción institucional del país, incluida la reforma del Consejo Nacional Electoral, del poder Legislativo y, especialmente, del poder judicial.
Documento a la Asamblea
En Caracas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) grabaron y fotografiaron a los asistentes a la protesta frente a la Asamblea Nacional, una acción que los manifestantes interpretaron como un acto de intimidación. Pese a ello mantuvieron sus discursos y acusaron a altos funcionarios de usurpar el poder.
Tras dos horas de concentración frente a la sede administrativa del parlamento, fueron atendidos por el diputado Carlos Julio Rodríguez Rabán (PSUV) quién recibió el documento, de manos de Samuel Bravo e Irene Castillo de Espacio Consenso.
La misiva, dirigida a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, exige al Poder Legislativo “el estricto cumplimiento del orden constitucional, la restitución de la legalidad institucional y el respeto absoluto a la soberanía popular”.
Según los firmantes esos derechos no pueden quedar suspendidos por la emergencia derivada de los terremotos del 24 de junio.
El texto cita los artículos 5, 62, 70, 293, 333 y 350 de la Constitución venezolana que obliga a los poderes públicos y a la ciudadanía a defender el orden constitucional y reconocen el sufragio como expresión máxima de la soberanía popular.
Los firmantes pidieron la designación inmediata de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con criterios de capacidad técnica, probidad e independencia, para recuperar la credibilidad del órgano electoral y garantizar que se respete la voluntad expresada mediante el voto.
También solicitaron la convocatoria del Comité de Postulaciones Electorales, dirigido por once diputados y diez representantes de distintos sectores de la sociedad, conforme al artículo 295 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
A juicio de las organizaciones, un nuevo directorio electoral debería crear condiciones para celebrar “a la brevedad posible” elecciones presidenciales y parlamentarias “realmente democráticas”, Entre esas condiciones mencionaron el levantamiento de inhabilitaciones, legalización de todos los partidos políticos, actualización del Registro Electoral y un cronograma electoral ajustado a la Constitución.
El documento sostiene que “Venezuela exige con urgencia “un nuevo gobierno” capaz de responder a la emergencia nacional provocada por la catástrofe natural que dejó miles de víctimas y pérdidas materiales incalculables.
Atribuyeron a falta de respuesta el “desmantelamiento institucional” y a la “inoperancia” del Ejecutivo.
La misiva también alude a la reunión entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera para instalar una “mesa técnica y política paritaria”, presentada oficialmente como un espacio para el “fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad”.
Para las organizaciones, el tema electoral está en el centro de la agenda. Por ello, pidieron a Rodríguez impulsar medidas que permitan reconstruir la confianza ciudadana en un Poder Electoral independiente, confiable y ajustado a los procedimientos constitucionales.
“La vigencia de la Constitución no se negocia” advirtieron los firmantes, al reiterar que la ciudadanía venezolana se mantiene “firme en la defensa” de los derechos constitucionales y en la exigencia de que el CNE cumpla el mandato legal y popular.
El documento cierra con una solicitud de “respuesta cónsona” con los deberes constitucionales de la Asamblea Nacional y con la situación que atraviesa el país.
Requerimos solidaridad
En Maturín, estado Monagas, representantes de distintas organizaciones ofrecieron una rueda de prensa. Entre ellos estuvieron Elinor Morales, secretaria del Colegio Sociólogos y Antropólogos y de la ONGs Frente Amplio Venezuela Libre; Marlene Rodríguez, presidenta del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Monagas; Laura El Halabi de Jóvenes Profesionales Sociedad Civil; Carlos Núñez, presidenta Asociación Jubilados y Pensionados Monagas.
La vocería estuvo a cargo de María Gabriela Hernández del Castillo, diputada de la Asamblea Nacional 2015, quien llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la defensa de una “sociedad justa” y respetuosa de la libertad.
Desde Caracas, el exdiputado Edwin Sambrano afirmó que los venezolanos tienen la capacidad de restablecer el “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, con instituciones acorde a sus necesidades, intereses y cultura.
Recordó que una mayoría del 67.5% de los votos válidos se pronunció, el 28J, por el cambio de gobierno y el restablecimiento del orden constitucional. En contraste calificó como fraudulentas las elecciones de mayo y julio 2025 para elegir diputados asegurando que la abstención superó el 90%.
“No necesitamos que otro estado administre nuestra República y nuestro país. Lo que requerimos es solidaridad en nuestra gran tarea por salir del control del régimen de facto que utiliza la fuerza para impedir el ejercicio y la realización de nuestra autodeterminación y de nuestras funciones soberanas”, señaló Sambrano Vidal
En Yaracuy
En San Felipe, estado Yaracuy, la concentración denominada “acción pública” se realizó en la Plaza Junín. La jornada estuvo marcada por lo que sus organizadores describieron como un clima de “profunda tensión social y exigencia ciudadana”, con protagonismo de familiares de personas detenidas en la Comandancia General de la Policía regional.
Buscaron visibilizar la precariedad de la situación jurídica de los detenidos y las condiciones en las que permanecen.
“No fue una movilización aislada, sino una respuesta directa a lo que los familiares denominan un retardo procesal sistemático”, dijo a Infobae uno de los asistentes.
El grupo reunido expresó un mensaje común: la necesidad de respuestas institucionales prontas y transparentes ante el deterioro de las condiciones de vida dentro del recinto policial yaracuyano.
Durante la manifestación, varios participantes, invocaron el artículo 68 de la Constitución venezolana y reafirmaron el derecho a la “protesta pacífica y sin armas”, con el propósito de blindar su actuación frente a posibles medidas represivas y sentar un precedente de ejercicio democrático en el espacio público.
También citaron el artículo 5 de la Constitución, que establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y recordaron que los órganos del Estado deben estar subordinados a la voluntad popular, la justicia y la dignidad humana.
Los manifestantes exigieron una revisión exhaustiva de los expedientes de todos los detenidos en Yaracuy, rechazaron la gestión del régimen actual y denunciaron una crisis institucional marcada, según dijeron, por la vulneración de los derechos civiles básicos.
Fuente: Punto de Corte, Sebastiana Barráez, julio 18, 2026.
¡Una Nota Final...!
 
Sebastiana Barráez | El análisis de un abogado sobre Venezuela: emergencia nacional, restitución constitucional y gobierno de amplitud nacional.
 
El ex diputado y abogado Edwin Roberto Sambrano Vidal propone un gobierno de amplitud nacional liderado por Edmundo González y María Corina Machado para superar la emergencia y restituir el orden constitucional en Venezuela.
El ex diputado Edwin Roberto Sambrano Vidal sostiene que la legitimidad política, el respeto a la soberanía popular y el cumplimiento de la Constitución son condiciones indispensables para abrir una transición democrática.
El respeto a la soberanía popular y a la democracia es el punto de partida de cualquier gobierno legítimo capaz de unir al país frente a los desafíos de seguridad, prosperidad, bienestar, libertad y justicia, considera Edwin Roberto Sambrano Vidal a propósito del interinato del Delcy Rodríguez y el vencimiento de los periodos de ausencia temporal contenidos en el artículo 234 de la Constitución de la República.
El abogado especialista en derecho constitucional y laboral, con una trayectoria de varias décadas en la protección de los derechos de los trabajadores, dirige la organización Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), ex diputado del Congreso de Venezuela y defensor de derechos humanos, plantea que la restitución del orden constitucional pasa por “depurar los vicios cometidos” y reconocer el resultado de la elección presidencial del 28 de julio 2024.
Sambrano Vidal afirma que Edmundo González Urrutia debe ser investido como presidente de la República, al considerar que fue electo por una mayoría “irrefutable” del 67% de votos válidos.
También sostiene que María Corina Machado, a quien define como líder nacional legítima de los factores democráticos, debe formar parte de la conducción política de ese proceso.
“Ellos deben conformar un gobierno de amplitud nacional que asuma la responsabilidad de conducir a la nación en esta hora de gran peligro para la paz, la convivencia y la vida”, señala el dirigente, integrante de organizaciones como Espacio Consenso para un Nuevo País, la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), el Comité Nacional en Defensa de la Constitución “Cúmplela” y Lazos Guayana.
Sostiene que los que impidieron que Edmundo González asumiera el poder lo hicieron “por ejercicio de la fuerza y del fraude constitucional” quienes detentaban el Poder Ejecutivo y el comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), “en complicidad con la mayoría del CNE y otros Poderes Públicos”.
Sambrano fue detenido el 12 de abril de 2026 en el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira, acusado de instigación y promoción al odio.
Tras la presión de sectores políticos y sociales, fue liberado bajo medidas cautelares sustitutivas, con prohibición de salida del país y obligación de presentarse ante los tribunales cuando sea requerido.
La Constitución como ruta
El ex parlamentario basa su planteamiento en varios artículos de la Constitución venezolana.
Cita el artículo 5, que establece que la soberanía reside en el pueblo; el artículo 7, que define la Constitución como norma suprema; y el artículo 228, según el cual debe proclamarse electo al candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos.
También recuerda el artículo 138, referido a la nulidad de toda autoridad usurpada, y el artículo 333, que impone a los ciudadanos el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución cuando ella deje de observarse por actos de fuerza.
A ello suma el artículo 350, que faculta al pueblo a desconocer regímenes o autoridades contrarios a los principios democráticos y a los derechos humanos.
En su propuesta, el dirigente identifica como primera tarea de un eventual gobierno de amplitud nacional la puesta en marcha de un amplio plan de emergencia para atender la crisis humanitaria compleja que afecta al país en los ámbitos político, social, económico, cultural y moral.
Según advierte, esa crisis se habría profundizado tras los terremotos del 24 de junio de 2026 “por lo que exige con prioridad absoluta, la legitimidad incuestionable de la conducción de la República”.
Entre las medidas urgentes menciona la “respuesta inmediata y eficaz a la libertad de los presos políticos”, de los cuales hay 551 según el reporte que el 6 de julio de 2026 dio a conocer la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Así mismo la restitución de libertades públicas, el desmantelamiento de estructuras represivas, la revisión de leyes utilizadas para perseguir la disidencia, un aumento general y escalonado de salarios y pensiones, así como el cumplimiento progresivo de los principales derechos laborales y sociales.
El abogado alude además a la necesidad de atender a personas damnificadas y sectores vulnerables, como niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, enfermos y desempleados.
También propone un programa nacional de producción y distribución de alimentos, con comedores escolares en todos los niveles de la educación pública, junto con la reactivación del aparato económico.
En el terreno económico, plantea revisar las relaciones internacionales para promover inversión, cooperación e intercambio, así como levantar un balance financiero y comercial del sector externo.
También propone estudiar la deuda externa, los activos y acreencias del país, y adecuar la política tributaria a las necesidades de la emergencia.
Transición democrática
La segunda gran tarea, según Sambrano, es impulsar una transición democrática que conduzca a elecciones presidenciales y legislativas bajo condiciones de libertad, universalidad, voto directo y secreto.
Para que el resultado sea confiable y verificable, sostiene que el proceso debe ser organizado por un poder electoral independiente, competente e imparcial, que garantice libertad de postulación “tanto para las organizaciones políticas como para los candidatos”, inclusión de electores dentro y fuera del país y ausencia de ventajismo o violaciones a las reglas electorales.
Sambrano Vidal asegura que ambas tareas planteadas “en esta peligrosa coyuntura histórica” requieren un Poder Ejecutivo con legitimidad firme y respaldo popular.
A su juicio, esa es la condición indispensable para restituir la vigencia efectiva de la Constitución, garantizar los derechos ciudadanos y poner la institucionalidad al servicio de los venezolanos.
Fuente: Punto de Corte, Sebastiana Barráez, Tomado de infobae, julio 09, 2026.
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