¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026!

EL NACIONAL, sábado 21 de marzo de 2026: ONG: La Ley de Amnistía es un “espejismo” para proyectar estabilidad.
Un informe elaborado por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, con apoyo de Alerta Venezuela, sostiene que así como el Estado venezolano ha transformado el sistema de justicia en un mecanismo de control social que utiliza la arbitrariedad procesal como herramienta para neutralizar la desidencia, la Ley de Amnistía se ha aplicado de forma selectiva, opaca y con fines políticos, en lugar de garantizar reparación real para las victimas.

¡La falsa ley de amnistía del chavismo es una estafa! (15) ¡Una ley de amnistía aprobada por una Asamblea ilegítima! ¡Derogación de leyes punitivas: Eliminar las normas que el sistema ha usado para perseguir (Como la Ley contra el Odio)! ¡Desmantelamiento del sistema represivo: Asegurar que los órganos de inteligencia y justicia no puedan volver a encarcelar ciudadanos por motivos políticos una vez aplicada la ley! ¡Te contaré una historia (15)!

¡Crónica de una Amnistía anunciada XV! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
virguezfranklin #AlertaSinMordaza (marzo 21, 32026): #AlertaSinMordaza/Red de excarcelados denuncia que tribunales frenan la Ley de Amnistía y mantienen las rejas cerradas.
Red de Excarcelados por la Democracia y el Foro Penal denunciaron un preocupante desacato por parte del Poder Judicial. Aunque existe una ley vigente para liberar a los presos políticos, los jueces han decidido ignorar el mandato parlamentario, aplicando criterios de exclusión a su conveniencia para mantener detenidos a figuras como Perkins Rocha y la periodista Nakary Mena.
La justicia no puede ser un traje a la medida del juez de turno. Mientras los tribunales sigan bloqueando la aplicación de la ley, la amnistía no pasará de ser un papel mojado. Hoy, más de 500 familias siguen esperando una libertad que el sistema judicial les arrebata con tecnicismos y arbitrariedades.
Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos que este sabotaje judicial es una violación directa a los derechos humanos.
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Ley de Amnistía? (15).
¡Amnistía si! ¡Impunidad no! ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
¿Amnistía para quién? La ley habla de justicia, de reconciliación, de pasar la página..., pero olvida a millones de venezolanos en el exilio.
DDHH Vente Venezuela @venteDDHH (marzo 18, 2026):
¡Vente Venezuela ante la arbitraria y selectiva aplicación de la Ley de Amnistía!
Las críticas formuladas por Vente Venezuela, antes de la puesta en vigencia  de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, (publicada en G.O. Nro. 6990 Ext. del 19/02/2026), tristemente se han hecho realidad. Hoy, se puede afirmar que se trata de un texto normativo que lejos de promover “la paz social y la convivencia democrática”, es fuente documental de una gran injusticia, considerando que:
1. No incluye en su regulación las violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos representadas por las inhabilitaciones masivamente impuestas por la Contraloría General de la República a sus legítimos líderes políticos y organizaciones partidistas;
2. No contempla como sujetos beneficiarios de la misma a las personas vinculadas falsamente a “delitos de rebelión militar”, así como a otros delitos, con lo que excluye a una cantidad considerable de militares, quienes injustamente han sido objeto de procedimientos viciados y acusaciones por hechos, actos de insurrección y alzamiento militar aún no comprobados;
3. Excluye de manera caprichosa algunos delitos, en su artículo 9, con la intención de no otorgar la amnistía a personas que han sido falsamente acusadas por la supuesta comisión de aquellos, dentro del marco de la persecución política desatada en el país;
4. No establece la debida reparación moral y económica para las víctimas de la represión, con lo cual, aquellos venezolanos que no solo fueron injustamente encarcelados, sino que vieron cómo sus bienes les fueron vilmente arrebatados, carecen hoy de un mecanismo legal para resarcir el daño moral sufrido, así como para recuperar su patrimonio;
5. No consagra un mecanismo mediante el cual el Estado debe proceder a reconocer, de conformidad con los artículos 49 numeral 8 y 140 constitucionales, su responsabilidad en la comisión de delitos contra aquellas personas que, en ejercicio de sus derechos civiles, solo manifestaron pacífica y libremente su pensamiento político en contra del gobierno, así como tampoco se establece medida o forma alguna para evitar la repetición de estos graves hechos en el futuro.
¡Sobre los jueces!
Adicional a estas deficiencias mencionadas, hoy vemos con profunda consternación cómo la amnistía contenida en la mencionada ley, en lugar de constituir un instrumento de paz y reconciliación social, se ha convertido -por obra de la jurisdicción penal existente en Venezuela- en un elemento que genera discordia, frustración y perturbación social, por la aplicación arbitraria, selectiva y sesgada de quienes hoy están al frente de los juzgados penales con competencia exclusiva en casos de terrorismo, cuya jurisdicción especial, por lo demás, es inconstitucional de origen.
Hoy está siendo otorgado dicho beneficio sesgadamente, de acuerdo con la orden que -según directamente se expresa sin rubor alguno a los usuarios-, “viene de arriba” (Sic.). En este sentido, es necesario denunciar no solo el servil comportamiento frente a las directrices de un régimen que no termina de extinguirse a pesar de sus mutaciones, sino que estos jueces penales son los mismos que impune y dolosamente permitieron en el pasado reciente las violaciones al derecho al debido proceso (artículo 49 constitucional) a las mismas personas que hoy acuden masivamente a solicitar ante ellos el beneficio de la amnistía, que también tiene rango constitucional (artículo 187.5).
Los jueces que hoy otorgan o niegan la amnistía, son los mismos que avalaron la violación de TODOS aquellos derechos fundamentales previstos en el artículo 44 del mismo magno texto, confinando a muchos de estos venezolanos a prisiones y centros de tortura, sin defensa ni asistencia jurídica, aislados prolongadamente de cualquier contacto familiar o personal, sin que mediara ningún mínimo respeto a las garantías más elementales de sus vidas y libertad; así como forzando a otros al exilio o a la clandestinidad.
Los jueces que arbitraria, selectiva y sesgadamente administran ahora el otorgamiento de la amnistía, antes permitieron que se materializaran en Venezuela, con la anuencia de las fuerzas policiales del régimen, ejemplos claros de secuestros a personas inocentes por el solo hecho de ejercer libremente su ciudadanía, manifestando pública y en muchos casos solo privadamente, su opinión contraria contra una autoridad que dejó de servir al bien común de los ciudadanos, y que violó los derechos civiles que juró proteger.
Estos jueces penales son los mismos que permitieron que se secuestraran a personas, algunos de ellos menores de edad, por solo manifestar su opinión, negando sus derechos a la libertad de expresión, recogida en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; son los mismos que desconocieron el derecho de los ciudadanos que protestaron pacíficamente a disentir; son los mismos que ordenaron las encarcelaciones de quienes solo expresaron sus ideas democráticas por un cambio político, y quienes por ello, fueron perseguidos por sus convicciones políticas y ciudadanas, sin haber permitido estos jueces amparo alguno, ni para las víctimas directas ni para sus familiares.
En definitiva, son los mismos jueces que no solo negaron, sino que se negaron a admitir la presentación siquiera de los cientos de “Habeas Corpus” en contra de la desaparición forzada de miles de ciudadanos que hoy precisamente reclaman amnistía.
De esta forma, es imposible que haya paz en Venezuela, mientras los mismos funcionarios judiciales que permitieron las violaciones a la libertad de los ciudadanos lícitamente opositores y disidentes del régimen, sean quienes discreta y arbitrariamente decidan a quién se le concede y a quién no la amnistía.
Compartimos la satisfacción con las personas que han recibido la amnistía. Es un derecho constitucional que permite al actual Estado “olvidar” la ocurrencia de los hechos por los que se le persiguieron y encarcelaron indebidamente. Sin embargo, “olvidar” los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros, injustamente involucrados en las mismas causas judiciales, en los casos puntuales en que se ha negado, es una injusta incongruencia y una clara discriminación política, proscrita por nuestra Constitución vigente, la cual a su vez ordena que la ley debe aplicarse por igual a todos (artículo 21 ordinales 1° y 2° de la Constitución).
Al procederse así, se está permitiendo que por obra del actuar de los órganos judiciales se prolongue el régimen de terror que alentó el clima de represión y zozobra ciudadana que recientemente vivió el país y que, contrariamente a lo que afirman los principales propulsores públicos de la ley, es con lo que supuestamente se pretende acabar. De igual forma, y mientras no se deroguen las leyes que han respaldado esta persecución política a toda la ciudadanía, como lo son la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Derarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs, Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y el reciente Decreto de Estado de Conmoción Exterior del 3 de enero 2026, no se podrá afirmar que exista un verdadero espíritu de reconciliación nacional.
Finalmente, el llamado a la comunidad internacional y los órganos defensores de derechos humanos, es a no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela y a exigir enérgicamente la aplicación de la ley. En ese orden, saludamos la declaración del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas que pide clarificar la aplicación de la Ley de Amnistía y el alcance de las excarcelaciones recientes, ante la falta información pública oficial. En el país no puede seguir prevaleciendo la opacidad y la discrecionalidad en el respeto a los derechos.
Caracas, 18 de marzo de 2026.
¡Aunque usted no lo crea!

¡Amnistía Internacional alerta que ley de amnistía en Venezuela favorece al Estado!

Asunción (EFE).- La ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, busca perdonar al «mismo Estado», dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos.
«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más».
Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».
«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.
La ley
En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».
Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.
También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas. en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas. 
Inversiones
Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.
«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad». 
En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».
También pidió que se publique el listado general de detenidos.
«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.
De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.
«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró. 
Sociedad civil
Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.
Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales». 
En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos», que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».
«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó.
Fuente: EFE, marzo 22, 2026.
¡Una Nota Final...!
 
¡Foro Penal denunció que tribunales en Venezuela se niegan a entregar constancias sobre rechazos a solicitudes de amnistía!
 
La organización defensora de los derechos humanos reportó que la falta de documentación oficial obstaculiza la posibilidad de apelar decisiones desfavorables para los detenidos.
 
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, denunció que algunos tribunales del país se niegan a entregar constancias escritas del rechazo a solicitudes de amnistía a los familiares de los detenidos.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que la organización recibió múltiples denuncias de este tipo, calificando la situación como “grave” ya que impide ejercer recursos de apelación.
“No se permite apelar de la negativa (de amnistía) sin la copia de la decisión”, subrayó Himiob vía X.
En este marco, el martes pasado, el Parlamento venezolano aprobó una prórroga de 30 días para la comisión que supervisa el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada en febrero. El proceso acumula más de 11.400 solicitudes y habría otorgado 8.084 libertades plenas, aunque persisten cuestionamientos sobre el alcance y la transparencia de la medida.
Según el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento, 7.782 de los beneficiados tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 estaban encarcelados.
La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a numerosos presos políticos civiles y militares.
A más de un mes de la promulgación de la ley, las autoridades no publicaron el listado de amnistiados, pese a la petición del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Al menos 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el último balance del Foro Penal difundido el martes con datos actualizados al 23 de marzo.
La cifra, que incluye a 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, representa un descenso respecto a los 526 contabilizados a principios de mes, pero se conoce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la discrecionalidad con la que los tribunales aplican los beneficios de la ley de amnistía.
De los 503 detenidos, 315 son civiles y 188 militares; 452 son hombres y 51 mujeres. Entre el total figura un menor de entre 14 y 17 años. La organización detalló además que más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país o la obligación de presentación periódica ante tribunales, sin estar formalmente encarceladas.
Türk indicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su oficina solicitó la lista oficial de los liberados y acceso sin restricciones a varios centros de detención, sin obtener respuesta favorable.
Su despacho solo logró verificar de forma independiente la liberación de unas 950 personas detenidas arbitrariamente, frente a las más de 7.000 que contabilizan las autoridades venezolanas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó al funcionario de la ONU como “enemigo” del país.
El futuro de la amnistía en Venezuela depende de si los rechazos judiciales se consolidan como tendencia o si el mecanismo de apelaciones —destacado por el propio Jorge Rodríguez como vía disponible— logra revertir los casos excluidos.
La líder opositora María Corina Machado denunció que la ley funciona como una herramienta de “represión selectiva”, mientras organizaciones de derechos humanos la describen como un “espejismo” que no resuelve la crisis estructural del país. Más de 500 personas siguen detenidas y miles permanecen bajo restricciones, en contraste con el discurso de reconciliación que el gobierno presenta ante la comunidad internacional.
Fuente: infobae, con información de EFE, marzo 26, 2026.
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