¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026! ¡Constitución, Elecciones ... Será!

Monitoreamos (abril 04, 2026): La ONG Provea instó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre el vacío de poder, tras cumplirse los plazos constitucionales sin una juramentación legítima. Bajo la consigna "tenemos derecho a elecciones democráticas", la organización busca reactivar la ruta institucional. Al parecer, la sociedad civil agota las vías legales para forzar un cambio de rumbo ante la crisis de legitimidad.

¡La falta absoluta del presidente de la república y el deber constitucional de restituir el orden institucional! (10) ¡Una vez declarada la falta absoluta, el artículo 233 ordena, convocar una elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días siguientes! ¡La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja vacíos frente a las crisis de poder! ¿Puede un presidente ejercer efectivamente su cargo si enfrenta condiciones que limitan de manera estructural su actuación? ¡Te contaré una historia (10)!

¡Crónica de una Falta Absoluta anunciada X! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
“Quien no sabe la verdad es un estúpido pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal” (Bertolt Brecht). "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia" (Montesquieu).
CEPAZ (Centro de Justicia y Paz, abril 03, 2026): El debate sobre la falta absoluta del Presidente de la República no puede reducirse a una discusión técnica. Es, en realidad, una disputa sobre el sentido de la República: si la Constitución es un límite real al poder o un instrumento que puede ser ignorado cuando resulta incómodo.
El problema venezolano no es solo la ausencia de un Presidente en funciones plenas; es la erosión progresiva de la idea misma de la Constitución como norma que obliga a todos, especialmente al poder. Cuando las reglas dejan de aplicarse o se reinterpretan para evitar sus consecuencias, lo que se pierde no es solo legalidad, sino legitimidad.
👉🏼 Desde Cepaz sostenemos que el cumplimiento de la Constitución no es una consigna política ni una aspiración abstracta: es una obligación jurídica y una condición indispensable para reconstruir el Estado de derecho.
El clamor ciudadano por el respeto al orden constitucional no es únicamente una exigencia jurídica. Es un mandato democrático y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica.
🖐🏼 Una oportunidad para reabrir el camino de la institucionalidad, para devolverle sentido al voto como mecanismo de resolución de conflictos y para iniciar un proceso de reconstrucción nacional basado en reglas compartidas.
Porque, en última instancia, no se trata solo de quién ejerce la Presidencia, sino de si Venezuela está dispuesta a volver a ser una República donde el poder tenga límites y la Constitución tenga vigencia real.
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Falta Absoluta? (10). ¡TSJ evade fijar falta temporal o absoluta: qué ven los constitucionalistas #90DiasSinMaduro!  ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
Joel García @joelgarcia69 (mayo 13, 2026): La Sala Constitucional no puede invocar una "ausencia forzosa" que no existe en la Constitución. La captura es un hecho fáctico que genera una falta absoluta por imposibilidad de ejercicio. Retorcer la norma con eufemismos para evitar la vacancia es un golpe al hilo constitucional.
Lo dijo Pablo Aure: "La Constitución no mira si la ausencia es voluntaria o involuntaria, lo que define la falta, es el tiempo y no el motivo".
¡Aunque usted no lo crea!
 
¡Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela!
 
La agrupación de oficiales en retiro advierte sobre el quiebre institucional y propone superar la crisis mediante comicios bajo conducción imparcial y con garantías para la participación de todos los sectores, incluyendo la diáspora y presos políticos.
Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), se pronuncian ante la crisis política del país, atribuyendo a la coyuntura actual una “ruptura del orden constitucional” y solicitando la activación de mecanismos para “restituir el Estado de Derecho”. Proponen elecciones con previa depuración del Consejo Nacional Electoral, el Registro de votantes y la liberación de presos políticos.
El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.
El FIM recuerda que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, tal como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, destacando que esa voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros. Según los oficiales, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.
Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.
Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.
El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias. Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.
Libertad para sus compañeros
El FIM es una organización con 26 años de creada, que integra a 241 militares en situación de reserva o retirados, con 24 generales de División; siete Vicealmirantes; 38 generales de Brigada; doce Contralmirantes; 66 coroneles; 10 capitanes de Navío; 25 tenientes coroneles; nueves capitanes de Fragata; once Mayores; dos capitanes de Corbeta; 17 capitanes; seis tenientes de Navío; tres primeros tenientes; tres tenientes de Fragata; y ocho tenientes del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional.
Son enfáticos ante “cualquier pretensión de “transición” mientras persista la existencia de presos políticos o de conciencia”, aseverando que no serían necesarias leyes de amnistía para quienes “actuaron en defensa de la Constitución, según los artículos 333 y 350”, por lo que consideran que su libertad “es un acto de justicia, no de gracia”.
El pronunciamiento pide la liberación “absoluta e incondicional” de más de 200 militares detenidos, destacando que son “compañeros de armas, víctimas de torturas y tratos degradantes en los centros de reclusión del régimen”. Asimismo, solicita garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que salieron del del país por motivos políticos.
Activos en el exterior
En materia económica, la organización de militares en reserva activa menciona el caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation, en el marco de la protección internacional de activos estratégicos, así como recursos financieros del Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Así como valoran la salvaguarda de los activos venezolanos en el extranjero, sostienen que “es imperativo que un gobierno legítimamente electo recupere la autonomía económica bajo estrictos controles de transparencia”.
Ante ello proponen un nuevo marco jurídico orientado a garantizar la propiedad privada, el libre mercado y la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, como “pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de todos los venezolanos”.
Finalmente, la organización que agrupa a oficiales generales, superiores y subalternos, cierra el pronunciamiento cierra con un llamado a acompañar las solicitudes expuestas “para recuperar nuestra libertad e independencia” y enmarca sus planteamientos en el “deber ciudadano” previsto en la Carta Magna de la República de Venezuela.
Acuden al TSJ
Un grupo de abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño, presentó el 14 de abril 2026, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una acción por omisión constitucional, “en defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos”.
Fuente: infobae, Por Sebastiana Barráez,  abril 19, 2026.
¡Una Nota Final...!
 
¡18 ONG exigen renovación del CNE y ruta electoral ante la «grave crisis institucional» en Venezuela!
 
Un total de 18 organizaciones no gubernamentales (ONG) emitieron este miércoles 22 de abril un comunicado conjunto en el que alertan sobre la «grave crisis institucional» que padece el país.
En el documento, los firmantes sostienen que Venezuela atraviesa una «ruptura constitucional» derivada de los cuestionamientos a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, lo que ha provocado una erosión profunda de la democracia.
Ante este panorama, calificaron como una necesidad urgente la construcción de una salida pacífica, sostenible y ajustada a derecho.
Las organizaciones enfatizaron que es «impostergable» establecer una hoja de ruta que conduzca a elecciones «libres, competitivas y verificables». Según el comunicado, estos comicios representan el mecanismo esencial para restituir la soberanía popular, armonizar la estabilidad nacional y avanzar hacia una transición democrática real.
Para que este proceso sea viable, las ONG insisten en que la solución debe fundamentarse en criterios técnicos y políticos sólidos que permitan reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas en este 2026.
Sustitución del Poder Electoral como condición clave
Una de las demandas centrales del documento es la sustitución integral de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los suscriptores consideran que la renovación del ente comicial es el «primer y más importante paso» para garantizar un proceso creíble.
Exigen que la nueva conformación del CNE se realice bajo estándares de transparencia, profesionalismo e independencia, evitando los tradicionales esquemas de reparto partidista que han afectado la legitimidad del organismo en el pasado.
Finalmente, las organizaciones destacaron que existen herramientas y diagnósticos previos que pueden agilizar este proceso, tales como las recomendaciones técnicas de las misiones de observación internacional que han visitado el país.
Fuente: Alertas 24, abril 22, 2026.
Página Blog 2026 II (10)
 
 
 
 
 
 
 
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