¡Mis Memorias Inconexas, Versión 2026! ¡Constitución, Elecciones ... Será!

NTN24 @NTN24 (abril 24, 2026): "Una ausencia del presidente de la república puede durar hasta 90 días. La Asamblea Nacional tenía que declarar si prorrogaba esos 90 días. No lo hizo. Así que lo que queda es que convoque a elecciones presidenciales. Tiene 30 días para esa convocatoria. Esos 30 días vencen el 3 de mayo (…) Si no convocaran elecciones presidenciales aquí hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo la presidencia de la república ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista, en entrevista para #LaTarde de #NTN24 con @IdaniaChirinos - http://ntn24.com

¡La falta absoluta del presidente de la república y el deber constitucional de restituir el orden institucional! (8) ¡Una vez declarada la falta absoluta, el artículo 233 ordena, convocar una elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días siguientes! ¡La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja vacíos frente a las crisis de poder! ¿Puede un presidente ejercer efectivamente su cargo si enfrenta condiciones que limitan de manera estructural su actuación? ¡Te contaré una historia (8)!

¡Crónica de una Falta Absoluta anunciada VIII! ¡PROHIBIDO OLVIDAR!
“Quien no sabe la verdad es un estúpido pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal” (Bertolt Brecht).
hastaquecaigalatirania @hastaquecaigalatirania (Hace 3 semanas): La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela emitió un pronunciamiento oficial este 14 de abril de 2026, alertando sobre la situación de vacancia en el Poder Ejecutivo.
La institución señala que, tras cumplirse más de 90 días desde que se produjo la falta temporal del cargo presidencial, se ha configurado legalmente una falta absoluta que obliga al Estado a convocar a nuevos comicios de forma ineludible.
Los puntos fundamentales de la declaración académica incluyen: 
-Vencimiento de plazos constitucionales: La Academia explica que el periodo de suplencia de 90 días establecido en el artículo 234 de la Constitución feneció el pasado 3 de abril de 2026. Al no existir una prórroga por parte de la Asamblea Nacional, el mandato constitucional dicta que debe procederse a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días siguientes.
-Ilegitimidad de la prórroga indefinida: Se advierte que mantener a una autoridad no electa (como el Vicepresidente Ejecutivo) de forma indefinida en el cargo viola el principio republicano y la legitimidad de origen, ya que dicho cargo es de libre designación y no de elección popular.
-Garantías electorales y reinstitucionalización: La institución exhorta a la Asamblea Nacional a designar un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente y desvinculado de organizaciones políticas.
Asimismo, exige que se garantice el derecho al sufragio de todos los venezolanos —dentro y fuera del país—, se habiliten las tarjetas de partidos políticos afectados y se levanten las inhabilitaciones administrativas inconstitucionales.
Finalmente, la Academia enfatiza que cualquier interpretación que desconozca el derecho ciudadano a elegir al Presidente vulnera el Estado de Derecho.
San Juan Pablo II: “La reconciliación verdadera exige verdad, justicia, memoria y limites al poder”. Sin eso, no hay paz: solo impunidad disfrazada”.
¿Qué es realmente una Falta Absoluta? (8). ¡TSJ evade fijar falta temporal o absoluta: qué ven los constitucionalistas #90DiasSinMaduro!  ¿Qué hacer? ¡Echarle bolas!
La Razón, por Noel Gómez Herrera (abril 202+6): ¡La coartada del “rodrigato” para quedarse hasta el 2031!
Según el «cronograma» del gobierno interino de los hermanos Rodríguez, las elecciones presidenciales serían en el año 2030, luego de los comicios municipales, regionales y de la Asamblea Nacional en los años 2027, 2028 y 2029.
La permanencia de Delcy Rodríguez en el poder no es un accidente. Es una arquitectura política cuidadosamente diseñada. Bajo la figura inexistente en la Constitución de “ausencia forzosa”, el Tribunal Supremo de Justicia ha creado un limbo legal que evita declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y, por tanto, bloquea el gatillo constitucional que obligaría a convocar elecciones. No es un error jurídico. Es una estrategia de poder.
El objetivo es gobernar sin elecciones hasta reconfigurar el país. Las señales son claras. Desde el entorno del poder, encabezado por Jorge Rodríguez, el mayor de los hermanos Rodríguez Gómez, se ha advertido que no habrá elecciones en el corto plazo, condicionando cualquier proceso a una supuesta “estabilidad nacional”.
Traducido al lenguaje político real eso significa que las elecciones quedan suspendidas indefinidamente. El cálculo es simple: Mantener la ficción de continuidad institucional, evitar la “falta absoluta” que obligaría a elecciones en 30 días y extender el interinato hasta que resulte políticamente conveniente… o irreversible.
EL TRUCO LEGAL
La Constitución venezolana establece límites claros, 90 días de ausencia temporal prorrogables por otros 90. A los 180 días, la Asamblea Nacional debe declarar la falta absoluta y convocar elecciones, pero el chavismo judicial inventó una tercera categoría: “Ausencia forzosa”, un concepto que no existe en la Constitución, suspende los plazos, evita activar elecciones  Así, el poder queda suspendido en una especie de estado permanente de excepción constitucional.
LA RUTA HACIA 2030
En círculos políticos y analíticos comienza a tomar forma una hipótesis inquietante: Extender el mandato de facto hasta completar el período presidencial sin elecciones. Esto implicaría que Delcy Rodríguez cubra todo el ciclo de gobierno iniciado por Nicolás Maduro. El sistema evite cualquier consulta popular real. El poder se legitime posteriormente con elecciones tardías, bajo control total. No sería una transición. Sería una reconfiguración del régimen sin pasar por las urnas.
COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
El Tribunal Supremo de Justicia no solo creó la figura de la “ausencia forzosa”, ahora guarda silencio sobre los plazos constitucionales. Ese silencio, advierten organizaciones como Provea, no es neutral: es una decisión política. Mientras tanto la Asamblea Nacional no declara la falta absoluta. el Consejo Nacional Electoral no convoca comicios y el Ejecutivo gobierna sin legitimidad renovada. Todo el aparato del Estado opera en sincronía.
SIN DEMOCRACIA
El discurso oficial vende estabilidad, pero la realidad es otra, una transición sin elecciones es una transición sin democracia. El nuevo esquema ofrece reconocimiento internacional selectivo, apertura económica controlada, liberación parcial de presos, pero sin el elemento central: el voto
PODER SIN URNAS
Lo que se perfila no es una simple maniobra coyuntural. Es algo más profundo: Un modelo para gobernar sin elecciones mientras se simula legalidad. Si este esquema se consolida, Venezuela entraría en una nueva fase, sin ruptura formal del orden constitucional, sin elecciones obligatorias y in alternancia. Aunque el reloj constitucional corre, pero el poder decidió detenerlo.
Resumen ejecutivo:
1- El “rodrigato” intenta convencer a la Administración Trump, a las transnacionales petroleras, a los inversionistas extranjeros, a la comunidad internacional y al sector privado nacional que el proceso de estabilización y transición debe concluir en el año 2030 con nuevas elecciones presidenciales, luego de la convocatoria de elecciones municipales en el año 2027, regionales en 2028 y Asamblea Nacional en 2029
2- El “alacranato” se suma a la tesis de extender la “continuidad administrativa” de Delcy Rodríguez hasta el año 2030, alegando “estabilidad democrática”.  Oposición rechaza “el interinato fraudulento al mandato sin fecha de vencimiento”, por considerar que se trata de un mandato de facto, sin legitimidad popular, sin control institucional y sin fecha de caducidad real
3- Señalan al psiquiatra Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista y hermano mayor de la presidenta interina, como el “cerebro gris” de la estrategia que persigue la permanencia del interinato en el poder hasta el año 2030, mediante  un fraude constitucional continuado: “Nada es improvisado, detrás del esquema está el control del aparato legislativo y el sistema judicial, el  manejo del discurso oficial de administrar la crisis y el diseño de un sistema donde la estabilización justifique la permanencia”
4- La oposición señala que el TSJ pasó de árbitro a cómplice para favorecer al interinato fraudulento de los hermanos Rodríguez: “Dejó de ser un intérprete de la Constitución, para convertirse en una herramienta para sostener el poder. Su silencio sobre los plazos constitucionales no es negligencia, es complicidad. Su doctrina no busca justicia, busca tiempo”
5- El “Plan 2030” consiste en consolidar el poder sin pasar por las urnas. Se trata de extender el control hasta completar el ciclo presidencial sin elecciones reales y luego convocar comicios controlados en 2027 para concejos municipales y alcaldes, en 2028 para gobernaciones y consejos legislativos regionales, en 2029 para la AN y en 2030 las presidenciales. Objetivos: Redefinir el sistema político, relegitimar el poder ya consolidado y reconfigurar el país sin consultar al país”.
6- Diversos analistas políticos consideran que el país está ante una dictadura sofisticada y de nuevo tipo, sin ruptura visible con el “madurismo”, sin junta militar, sin cierre formal del sistema, que funciona dentro de una Constitución vaciada, con tribunales activos, con parlamento en funciones, con discurso legalista, pero sin el elemento esencial de toda democracia:
 la posibilidad real de elegir y cambiar.
CINISMO PURO. El artículo 233 de la Constitución Nacional ordena a la Asamblea Nacional convocar elecciones presidencialaes treinta días despúes de declararse la falta absoluta del Presidente, sin embargo el psiquiatra Jorge Rodríguez dice que no sabe para cuando se puedan convocar esas elecciones y cual sería la primera elección, si las municipales, regionales, etc»:
¡Aunque usted no lo crea!
 
¡Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció sobre la vacancia en la Presidencia de Venezuela!
 
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela emitió este martes un pronunciamiento oficial para destacar la necesidad de aplicar las normas constitucionales y solucionar la vacancia absoluta de la Presidencia de la República, ocupada actualmente de forma ilegítima por Delcy Eloína Rodríguez.
 
A continuación, el comunicado íntegro:
“PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE VACANCIA EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, en cumplimiento de su cometido institucional, se pronuncia ante la necesidad de aplicar la Constitución, a fin de dar solución a la actual situación institucional respecto del ejercicio de la Presidencia de la República.
1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el principio republicano, conforme al cual el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional debe ser electo mediante sufragio universal, directo y secreto.
2. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla el régimen jurídico que debe aplicarse en caso de producirse la falta del presidente de la República. De acuerdo con lo previsto en los artículos 233 y 234, en ciertos supuestos de falta absoluta o temporal, el vicepresidente ejecutivo debe asumir el ejercicio del cargo de manera transitoria, con carácter estrictamente provisional y por los lapsos establecidos en la Constitución.
3. En Venezuela el cargo de vicepresidente ejecutivo es de designación por parte del presidente de la República y no es un cargo de elección popular, por lo tanto, quien lo ejerce, no tiene legitimidad democrática. La suplencia del vicepresidente por la vacancia presidencial ocurrida es de carácter funcional y temporal, como expresamente lo disponen los artículos 233, 234 y 239, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4. A esta fecha han transcurrido más de noventa (90) días desde la vacancia en el ejercicio del cargo presidencial, y debe, por tanto, aplicarse la solución definitiva conforme a los mecanismos establecidos en la Constitución.
5. La prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional.
6. La aplicación del principio de continuidad administrativa se limita a garantizar el funcionamiento de la administración en cargos de designación, y en ningún supuesto puede justificarse su uso para proveer cargos de elección popular, como es el caso del presidente de la República, quien no sólo es la máxima autoridad de la administración pública nacional, sino también el jefe del Estado, responsable de dictar los actos de alto gobierno.
7. El artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone, ante la prolongación de la falta temporal por más de noventa (90) días, que la Asamblea Nacional decida, por la mayoría de sus integrantes, si debe considerarse que hay falta absoluta o prorrogar la suplencia hasta por noventa (90) días más.
8. Ahora bien dado que la Asamblea Nacional no decidió prorrogarlo, el plazo de noventa (90) días a que se refiere el artículo 234 de la Constitución feneció el día 3 de abril de 2026, produciéndose por mandato constitucional el supuesto de la falta absoluta dentro de los primeros cuatro (4) años del período y, conforme lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ineludiblemente procederse “a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.”
9. Cualquier ejecutoria o interpretación que desconozca el derecho de los venezolanos a elegir a su presidente viola el principio democrático y el estado de derecho, por lo cual debe garantizarse a todos los electores, estén o no en el país, el derecho al sufragio para elegir al presidente de la República, con el cumplimiento de las garantías constitucionales (artículo 63), conforme a las cuales ese derecho debe poder ejercitarse de manera libre, universal, directa y secreta.
10. Para garantizar la realización de elecciones acordes a los principios constitucionales, urge y se exhorta a la Asamblea Nacional a cumplir con la constitución de un Consejo Nacional Electoral integrado por diferentes sectores de la sociedad y por personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, conforme lo exige el artículo 296 de la Constitución.
11. El Poder Electoral, de forma autónoma e independiente, debe cumplir la norma constitucional que le obliga a garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia del proceso electoral para la elección del presidente de la República, respetando el derecho a la participación, regularizando la situación de los partidos políticos que fueron afectados al impedírseles en procesos anteriores participar con sus tarjetas y habilitando a todo ciudadano cuyos derechos políticos han sido cercenados mediante inconstitucionales inhabilitaciones administrativas.
12. Resulta fundamental que el restablecimiento del orden constitucional se ajuste a los principios de legalidad, separación de los poderes y respeto de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de todos los ciudadanos.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales reitera en esta ocasión su disposición de servir al país y sus instituciones, aportando, desde su ámbito académico y consultivo, reflexiones y propuestas que coadyuven a la reafirmación institucional y a la búsqueda de soluciones respetuosas del orden constitucional.
En Caracas, en el Palacio de las Academias, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026.”
Fuente: lapatilla, lapatilla.com, abril 14, 2026
¡Una Nota Final...!
 
¡Los 100 días de Delcy: Un país con más incertidumbre y una crisis que se profundiza!
 
A 100 días de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela, el país vive una paradoja: mientras el discurso oficial insiste en una transición hacia la estabilización económica y política, el pulso de la calle revela una realidad distinta, marcada por el deterioro sostenido de la calidad de vida, la fragilidad institucional y una economía que no logra reactivarse.
 
Diversos análisis coinciden en que el país vive una adaptación del modelo político más que una transformación real, con reformas económicas orientadas al exterior, pero sin impacto inmediato en la población.
Más de tres meses después de la captura de Nicolás Maduro, el balance ciudadano coincide en un diagnóstico: no hay mejoras estructurales visibles y, en muchos casos, la situación ha empeorado.
Una economía que no despega
Una de las críticas más recurrentes de los venezolanos en todas las regiones es el deterioro del poder adquisitivo. La inflación, la devaluación del bolívar y la falta de ingresos suficientes han reducido el consumo a niveles mínimos.
En estados como Zulia, Carabobo o Apure, las ventas han disminuido drásticamente. Esta realidad también se repite en Monagas, donde comerciantes califican la situación como “catastrófica”, con precios que aumentan incluso en dólares y ventas prácticamente paralizadas. Esta situación se repite en Barinas, donde los negocios reportan caídas drásticas en la demanda, especialmente en rubros no esenciales.
El fenómeno de la inflación en divisas ha llevado los precios a niveles internacionales, mientras los salarios siguen congelados. El ingreso mínimo, sin ajustes estructurales, continúa siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas, pese a anuncios recientes de futuros aumentos.
En este contexto, la economía venezolana se sostiene más por la supervivencia que por el crecimiento. En regiones fronterizas como Táchira, el comercio depende incluso de dinámicas irregulares como el contrabando, mientras la coexistencia de múltiples monedas añade incertidumbre a cualquier planificación.
El gran pendiente
El reclamo salarial atraviesa todos los sectores. Docentes, trabajadores públicos y empleados del sector privado coinciden en que los ingresos actuales no cubren ni una fracción de la canasta básica.
En Lara, educadores denuncian salarios que apenas alcanzan entre uno y dos dólares mensuales, mientras que en Táchira se estima que un trabajador necesitaría cientos de veces ese ingreso para cubrir sus necesidades básicas.
La frustración se intensifica con medidas como los bonos, percibidos por muchos como paliativos insuficientes. La falta de políticas salariales estructurales mantiene al país en una dinámica de pobreza sostenida, donde muchos venezolanos dependen de ayudas externas o remesas.
La tragedia cotidiana
Si hay un punto de coincidencia a nivel nacional es el deterioro de los servicios públicos. Electricidad, agua potable, infraestructura vial y saneamiento presentan fallas constantes en prácticamente todas las regiones.
En estados como Aragua, Lara y Zulia, los apagones pueden extenderse por varias horas diarias, afectando tanto la vida doméstica como la actividad económica. En Falcón, incluso se reportan cortes eléctricos de hasta 24 horas, mientras el suministro de agua puede tardar semanas en llegar.
La precariedad también se refleja en el sistema de salud. Aunque los hospitales continúan operando, los pacientes deben costear todos los insumos, desde materiales básicos hasta estudios médicos, lo que convierte una emergencia en un gasto inalcanzable para la mayoría.
Este deterioro estructural responde a años de desinversión, pero también evidencia la falta de respuestas inmediatas durante el actual período de gobierno interino.
Educación en crisis
El sistema educativo es uno de los sectores más golpeados. A la precariedad salarial se suman problemas de infraestructura, falta de recursos y una creciente deserción tanto de estudiantes como de docentes.
En varias regiones, los maestros denuncian que trabajan “con las uñas”, enfrentando exigencias académicas sin apoyo institucional. Además, se reportan suspensiones salariales y condiciones laborales que vulneran derechos básicos.
El resultado es un sistema educativo debilitado, con estudiantes que llegan a niveles superiores sin competencias básicas, lo que compromete el futuro del país.
Una apertura política limitada
En el plano político, algunos sectores reconocen cambios puntuales, como excarcelaciones y una mayor libertad para la expresión ciudadana. Sin embargo, analistas advierten que estos avances no representan una democratización real.
Informes recientes señalan que, pese a la narrativa de apertura, persisten estructuras de control político y judicial, así como un número significativo de presos políticos.
 Además, la falta de elecciones y la incertidumbre sobre la legalidad de la continuidad del gobierno interino generan dudas sobre la institucionalidad del proceso.
En este contexto, la llamada “reconciliación” es percibida por muchos como incompleta, mientras crece la exigencia de comicios libres y transparentes que permitan una verdadera transición.
El espejismo económico
A nivel macroeconómico, el gobierno ha impulsado medidas orientadas a atraer inversión extranjera, especialmente en el sector energético. Acuerdos con empresas internacionales y reformas legales buscan reactivar la industria petrolera, eje histórico de la economía venezolana.
Sin embargo, estos avances no se traducen aún en mejoras tangibles para la población. Expertos señalan que la falta de claridad jurídica y la debilidad institucional siguen siendo obstáculos para la inversión extranjera.
Así, mientras el Ejecutivo proyecta una imagen de modernización y apertura, en la práctica el ciudadano común no percibe cambios en su vida cotidiana.
La resiliencia como única respuesta
Ante la ausencia de soluciones estructurales, la sociedad civil ha asumido un rol protagónico. ONG, fundaciones y redes comunitarias se han convertido en el principal soporte para miles de familias.
Desde comedores comunitarios hasta asistencia médica y educativa, estas iniciativas intentan llenar los vacíos que deja el Estado. No obstante, también enfrentan nuevos desafíos regulatorios que dificultan su funcionamiento.
En paralelo, la ciudadanía desarrolla estrategias de supervivencia: ventas informales, reducción del consumo, migración interna y dependencia de remesas.
Un balance en pausa
El balance de estos primeros 100 días puede resumirse en una idea central: el supuesto cambio político no ha generado aún un cambio social ni económico.
Aunque existen señales de apertura y algunos avances en el ámbito internacional, la realidad interna sigue marcada por la crisis. La inflación, los bajos salarios y el colapso de los servicios continúan definiendo el día a día de los venezolanos.
A tres meses del inicio del gobierno interino, Venezuela permanece en una especie de limbo y la percepción ciudadana es de estancamiento. Mientras no se produzcan cambios estructurales en salarios, servicios públicos, institucionalidad y economía, la gestión de estos primeros 100 días será recordada más como una tramoya de Delcy Rodríguez por atornillarse en el poder, que una gestión encaminada a generar las condiciones para una verdadera transición hacia la democracia.
Sin embargo, la esperanza sigue viva en muchos venezolanos, especialmente ante la posibilidad de elecciones, reformas profundas y el regreso de la líder opositora María Corina Machado.
Fuente: lapatilla, lapatilla.com, abril 15, 2026.
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