¡Todos sabemos lo que ocurrió el 28J en Venezuela! (50)
¡Amoroso el operador clave del Fraude electoral!
(50)
¡Esto no es un Fraude más, esto es desconocer y violar
¡Venezuela merece un gobierno decente!
¡Un gobierno de
transformación democrática!
¡Hacer a Venezuela grande de nuevo!
¡Te contaré una
historia (140)!
¡Crónica
de un Fraude anunciado XXII! ¡PROHIBIDO
OLVIDAR! ¿Por qué LA LEY BOLIVAR
desata EL CAOS en el Chavismo? Asdrúbal
Oliveros: “Esa ley no es un cambio,
ratifica lo que hay, pero a mí me preocupa algo: que lo conviertas en ley. No
es lo mismo un decreto presidencial
que una ley”. ¡Maduro cree que “el regreso histórico” de Trump significa un “nuevo comienzo” para EEUU y Venezuela! ¡Maduro
con ataque de pánico? ¡Maduro tiene el tablero trancado! ¡Los objetivos detrás de la Ley BOLÍVAR contra Venezuela! ¡El impacto que tendrá la Ley Bolívar en el flujo de dólares en el país, según reconocido analista! Comienza a operar el alicate contra Nicolás
Maduro: ¡Cámara de Representantes de
EE. UU. aprueba la Ley Bolívar! María
Corina reitera su apoyo a la Ley Bolívar: “Es un paso crucial para
exigirle cuentas a Maduro”. “Oficializa
la censura”: ¡expertos alertan sobre
los peligros para los medios con la Ley Simón Bolívar! Volker Türk: “Ley Simón Bolívar y ley de ONG atentan contra el ejercicio de las
libertades fundamentales”. ¡Maduro
es aplastado por la Ley Bolívar y lo tiene furioso! Francisco Santos Calderón: “Es
el momento de deshacernos de Nicolás
Maduro y de su mafia”. ¡Maduro está
totalmente liquidado, la revolución
llega a su final! Ya tiene fecha
final: ¡El 10 se va…Pa’ fuera! ¡Esto apenas
comienza, vamos hasta el final! (50).
¿Y, ahora qué? ¡Viva Venezuela Libre!
¡Esto dijo Diosdado Cabello tras nuevas sanciones de Estados
Unidos!
El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Diosdado Cabello, aseguró que las
sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a 21 funcionarios del
Gobierno de Nicolás Maduro no “asustarán”
a la “revolución bolivariana”.
“El imperialismo cree que chantajea, que
puede presionar, asustarnos, y está en el último momento. Miren, están pelados,
para que lo sepan, señores imperialistas, escuálidos y asociados, están
pelados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es en esencia revolucionaria,
socialista, zamorista, antiimperialista y profundamente chavista”, dijo en su
programa “Con el mazo dando”.
Asimismo, puntualizó que el Gobierno
estadounidense no se beneficia de las medidas, mientras que las mismas “han fortalecido” al pueblo venezolano.
Acotó que todas las sanciones son pedidas por la oposición y por ello se les
aplicará en un futuro la “Ley Simón
Bolívar”. “Ahora deben ver qué hacen con los que tienen aquí. La pelea es
peleando. Cuando ustedes intenten algo, nosotros intentamos también”, advirtió.
Fuente: Alertas 24, con
información de El Cooperante, noviembre 27, 2024.
“Ley Bolívar”: En qué consiste la nueva ofensiva de EE.UU. contra Venezuela.
La legislatura estadounidense impulsa una
norma bipartidista, nominada «Ley
Bolívar», que tiene por objetivo presionar al gobierno de Venezuela a
partir de la ampliación de restricciones económicas.
En una nueva escalada del régimen
estadounidense contra Venezuela, esta
semana el Secretario de Estado, Antony Blinken reconoció a Edmundo Gonzáles Urrutia como supuesto
presidente.
Presidente Maduro tilda de “basura” ley
imperialista para recrudecer bloqueo a Venezuela.
A este movimiento se le sumó la aprobación por parte de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista conocido como la «Ley Bolívar» (Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures
and Authoritarian Regime Act).
Por su parte, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro calificó la «Ley Bolívar» como una «ofensa» al legado del Libertador, aludiendo al uso simbólico de su nombre
para justificar medidas coercitivas.
¿Qué
establece la “Ley Bolívar”?
El texto de la «Ley Bolívar» prohíbe a las
agencias ejecutivas de Estados
Unidos celebrar contratos con cualquier entidad que mantenga relaciones
comerciales «significativas» con el gobierno de Venezuela, excepto aquellas aprobadas por el Secretario de Estado
bajo criterios de «interés nacional».
Esta disposición amplía el alcance de las
sanciones ya existentes, introduciendo mayor incertidumbre para actores
internacionales que realizan operaciones en Venezuela.
El término «operaciones comerciales significativas», pieza central de la ley,
no está claramente definido, lo que deja
la interpretación en manos del Departamento de Estado y la Oficina de
Administración y Presupuesto (OMB).
Este
vacío legal podría utilizarse como herramienta para ajustar las
sanciones según los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Esta posibilidad de determinar que empresas o
personas son objeto de sanciones y cuales no a cargo del Departamento de Estado
podría permitir flexibilidades según las prioridades estratégicas de la nueva
administración Trump.
Es de resaltar que, Marco Rubio, quien liderará el Departamento de Estado, ha sido un defensor ferviente de sanciones más estrictas
contra Venezuela y contra Cuba y se ha ganado el lugar como punta
de lanza en el Capitolio contra los
Estados socialistas de la región.
No obstante, en la «Ley Bolívar» se excluyen las actividades relacionadas con
asistencia humanitaria y operaciones de inteligencia; acciones han sido utilizadas
en el pasado para interferir en los asuntos internos mediante diferentes
mecanismos como el financiamiento de medios opositores u organizaciones «no gubernamentales» destinadas a
generar matrices de opinión contrarias al Gobierno electo.
¡Implicancias!
Sin embargo, Francisco Rodríguez, economista especializado, afirmó al medio
Misión Verdad que la ‘Ley Bolívar’
es más simbólica que efectiva. No introduce sanciones nuevas, pero refuerza el
mensaje de una postura firme contra Maduro.”
Con todo, el impacto práctico de la
legislación podría ser significativo. Al convertir
disposiciones ejecutivas en normativas legislativas, limita la capacidad del
Ejecutivo para modificar o eliminar las sanciones en el futuro, endureciendo la postura estadounidense.
En respuesta, desde Caracas la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión la Ley Especial
Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo y la Defensa del País. Según la
corresponsal de teleSUR, Madelin García,
esta legislación busca proteger los intereses nacionales frente a la agresión
económica estadounidense.
La ley venezolana contempla la inhabilitación perpetua de ciudadanos que
promuevan acciones extranjeras contra el país y la recuperación de activos
de opositores que, según el gobierno, han conspirado contra Venezuela desde el
exterior.
El texto aprobado el pasado lunes 18 de
noviembre aún debe obtener el visto bueno del Senado para convertirse en Ley,
algo que medios especializados dan por hecho, y será el punto de partida para
las relaciones que llevará adelante el presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, con Venezuela.
Fuente: teleSURtv.net,
noviembre 22, 2024.
Maduro pide tomar acciones contra quienes apoyan aprobación de la Ley Bolívar: “Eso se llama
asociación para delinquir. (…). Aténganse a las consecuencias”.
Maduro calificó esta
aprobación como “ley basura” aseguró
que los opositores que aplaudan este documento incurren en un “delito nacional e internacional”.
Durante una transmisión en vivo con
representantes de los cinco poderes públicos, Maduro agregó que “hay apátridas
que enarbolan la bandera de la agresión gringa y colonialismo”, esto, refiriéndose a María Corina Machado y
Edmundo González.
“Quieren imponer un nuevo carmonazo con el
apoyo de la elite imperialista de EE. UU. Sólo les digo: no subestimen al pueblo
venezolano. No subestimen nuestra fusión popular militar policial. Se van a
arrepentir”, apuntó Maduro.
Y dijo
al Gobierno estadounidense: “Parecen estar destinados a plagar de
incertidumbre, de guerra al mundo en nombre de la libertad, y con Venezuela no
han podido ni podrán”.
“Allá ellos los apellidos y el imperio con
sus delirios. A Venezuela nadie le da órdenes desde el norte. Les darán ustedes
a sus vasallos, a su esclava la sayona, a su viejo putrefacto González
Urrutia”, agregó.
También se refirió a las declaraciones que
hizo el secretario de Estado de EE. UU., Anthony
Blinken, quien llamó presidente electo a Edmundo González y reiteró el
apoyo de la administración Biden a la intención de juramentación del opositor
el próximo 10 de enero.
Maduro defendió que “nadie impedirá que haya
paz en Venezuela. Nadie impedirá que tengamos unas navidades bellas. Nada
impedirá que tengamos un buen 1ero de enero, que tengamos un bello y feliz año
nuevo 2025. Estamos preparados para todo, pero, sobre todo, estamos preparados
para vencer por el derecho a la paz”.
Fuente: Alertas 24, con
información de Versión Final, noviembre 20, 2024.
¡Los objetivos detrás de la Ley BOLÍVAR contra Venezuela!
El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aceleró la aprobación del
proyecto de ley bipartidista titulado "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano"
(en inglés: Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and
Authoritarian Regime Act), que fuerza un acrónimo para denominarla "Ley BOLÍVAR", maniobra de
manipulación retórica de la figura del Libertador para blanquear una nueva saga
de agresión contra Venezuela.
Tal instrumento jurídico, promovido con
fervor por el representante Michael Waltz, quien fue designado como Asesor de
Seguridad Nacional del próximo presidente Donald
Trump, emerge como un renovado impulso a la política de sanciones ilegales
de Estados Unidos sobre Venezuela.
El proyecto busca reforzar las restricciones
existentes contra el gobierno venezolano y contra la economía en general, por
lo que se constituye como un intento deliberado por debilitar las fuentes de
financiamiento y generación de riqueza del país con vistas a exacerbar la
presión económica con fines de cambio de régimen.
La pieza central de la ley es una disposición
que establece lo siguiente (el destacado es nuestro):
PROHIBICIÓN. —Salvo lo dispuesto
en los incisos (b), (c) y (d), el jefe de una agencia ejecutiva no podrá celebrar un contrato para la adquisición
de bienes o servicios con ninguna persona que el jefe de una agencia ejecutiva
determine, con el consentimiento del Secretario de Estado, en consulta con el
Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que a sabiendas
participa en operaciones comerciales
significativas, según lo definido
por el Secretario en consulta con el Director, con una autoridad del Gobierno
de Venezuela que no sea reconocida como el Gobierno legítimo de Venezuela por
Estados Unidos.
Por un lado, las agencias federales
implicadas, incluidas entidades de peso como el Departamento de Defensa y el
Departamento de Estado, evidencian que las restricciones enunciadas afectan
sectores esenciales del aparato estatal estadounidense. Sin embargo, la disposición
introduce una importante salvedad: el Secretario de Estado puede autorizar
casos específicos de excepciones a tales prohibiciones de acuerdo al interés
nacional del país norteamericano.
Este margen de discrecionalidad política
adquiere un matiz aún más marcado con Marco
Rubio al frente del Departamento de Estado en la nueva administración.
Otro elemento central es la ambigüedad en
torno a la definición de "operaciones
comerciales significativas". Este término, cuya interpretación queda
en manos también del Secretario de Estado en consulta con el Director de la
Oficina de Administración y Presupuesto (OMB,
por sus siglas en inglés), deja abiertas múltiples puertas para el uso político
de ese inciso a favor de los intereses estadounidenses.
¿Qué
constituye una "operación
significativa"? ¿Incluye
acuerdos menores o solo aquellos de
gran envergadura? Por ejemplo, si Chevron o Repsol fueran señaladas bajo
este criterio, podrían enfrentarse a restricciones para contratar con agencias
federales, pero ello no implicaría necesariamente la interrupción automática de
sus actividades, cada vez más importantes, en Venezuela.
De hecho, la ley no menciona restricciones
directas para empresas petroleras internacionales, cuya presencia en Venezuela
está autorizada por licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, según siglas en
inglés). Esta omisión puede tener un uso pendular a conveniencia, de acuerdo
con las condiciones políticas internas y externas que se presenten desde la
lectura de la nueva administración.
Aunado a ello, el texto no aclara cómo
interactúan estas licencias con las nuevas prohibiciones, lo que abre la puerta
a posibles conflictos legales o interpretativos. Este vacío nuevamente podría
ser aprovechado para justificar operaciones de agresión bajo supuestos
argumentos "legales".
La normativa, al carecer de mecanismos claros
y definiciones precisas, deja amplios márgenes para una evidente
discrecionalidad en torno a su aplicación. Los déficits conceptuales no solo
introducen elementos de inseguridad para los actores y factores involucrados,
sino que también permiten utilizar este artefacto jurídico como herramienta
política para ajustar sanciones según los intereses estratégicos de Estados
Unidos.
Las
excepciones:
otras cartas del mazo
Entre las excepciones más relevantes se
encuentra la relacionada con licencias
vigentes emitidas por la OFAC:
"La prohibición del inciso (a) no se aplica a una persona que tenga una
licencia válida para operar en Venezuela emitida por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros".
Este punto resulta crucial para empresas como
Chevron y Repsol, que han obtenido autorizaciones
específicas para continuar sus operaciones en el sector de hidrocarburos en
Venezuela.
En ese contexto cabe mencionar que, si bien
el instrumento no amplía directamente las sanciones secundarias, su
codificación subraya el carácter intimidatorio ante eventuales vínculos con el
gobierno venezolano, una práctica característica de las estrategias coercitivas
de Estados Unidos con el objetivo de ahuyentar nuevas inversiones y acuerdos de
negocios con el Estado venezolano.
Una de las disposiciones típicas de este tipo
de proyectos de ley es la exclusión de las prohibiciones a los contratos para
proveer "asistencia humanitaria" a la población
venezolana.
Esta excepción, que supuestamente permite la
entrega de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales, no solo presenta
limitaciones en la burocracia estadounidense, sino que se emplea como un
recurso simbólico y narrativo, cuyo propósito es encubrir las agresiones
económicas.
Un aspecto importante del instrumento es la
excepción que permite las actividades de inteligencia por parte de Estados
Unidos: "La prohibición en la subsección (a) no se aplica a ninguna
actividad sujeta a los requisitos de informes bajo el título V de la Ley de
Seguridad Nacional de 1947 (50 USC 3091 et seq.), ninguna actividad de
inteligencia autorizada de Estados Unidos, o ninguna actividad o adquisición que
respalde una actividad de inteligencia autorizada".
El apartado refuerza aún más la agenda
estratégica detrás de la ley, específicamente en el plano de las operaciones encubiertas. Washington
preserva así su capacidad de llevar a cabo operaciones clandestinas en
Venezuela, paseándose por el umbral de la actividad armada, de sabotaje y de
infiltración con fines golpistas.
Este aspecto evidencia la prioridad de los
intereses geopolíticos sobre cualquier otra consideración. Si el endurecimiento
de las sanciones no cristaliza el cambio de régimen, las actividades encubiertas pasan a ser empleadas para desestabilizar
el país diluyendo el papel instigador y planificador de Washington.
A grandes rasgos, la Ley BOLÍVAR busca consolidar las sanciones como un elemento
estructural de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Aunque no
introduce nuevas restricciones, refuerza y amplía el marco existente.
El economista Francisco Rodríguez comentó: "En resumen, la Ley BOLIVAR es simbólica.
No impone restricciones nuevas ni cambia la situación actual de sanciones. Su
principal efecto está en su mensaje simbólico: una postura firme contra Maduro".
El contenido del instrumento, además de su
carga simbólica, institucionaliza disposiciones que dificultan cualquier
flexibilización futura, con lo cual se blinda el régimen sancionatorio contra
eventuales cambios en la dirección política de la Casa Blanca.
Una de sus características principales es la
transformación de ciertas disposiciones de las órdenes ejecutivas en normativa
legislativa.
Este movimiento por parte del Congreso pretende evitar que tales
medidas puedan ser revertidas de forma unilateral por el presidente de turno.
Por ejemplo, si en su momento la administración de Donald Trump considera abrir
un diálogo con el presidente Nicolás Maduro, el carácter extraterritorial de
esta legislación limitaría la capacidad del Ejecutivo para eliminar sanciones
mediante la derogación de órdenes ejecutivas o dificultaría los requisitos para
la emisión de nuevas licencias.
Este giro de las sanciones —de una medida
ejecutiva temporal a un pilar legislativo— genera un cortocircuito
administrativo que complica cualquier intento de negociación entre el gobierno
venezolano y el próximo gobierno estadounidense. Al requerir consenso
legislativo para modificar su aplicación, la ley reduce significativamente la
autonomía de la Casa Blanca en este ámbito, y así asegura la continuidad de una
postura hostil y agresiva contra Venezuela.
En este sentido, este nuevo paso legislativo
representa una avanzada decisiva hacia la consolidación de la política de
sanciones como una herramienta estructural, diseñada para ser difícil de
revertir y para limitar cualquier escenario de eventual negociación.
Por último, la aprobación definitiva de la
ley aun depende del Senado y, posteriormente, de su promulgación por parte del
presidente. Aunque los tiempos para ello no están claramente definidos, es
probable que la administración saliente priorice su ratificación, dada la
urgencia y la importancia que se le ha atribuido en estos últimos días.
Fuente: MISIÓN VERDAD,
noviembre 21, 2024.
El socio-director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que la Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, podría ejercer un
efecto directo en el flujo de dólares en Venezuela, en el caso que dé paso a
mayores sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
«Esa ley no es un cambio, ratifica lo que
hay, pero a mí me preocupa algo: que lo conviertas en ley. No es lo mismo un decreto presidencial que una ley», advirtió Oliveros a Román Lozinski.
Lo otro, dice el analista, es que «pareciera
que te dijera ‘aquí está este marco, se tiene que negociar’. A partir de allí,
eso puede empeorar o mejorar».
Con base en la Ley Bolívar, menciona que, «si tú tienes mayor presión en términos
de sanciones, tiene un efecto directo en
el flujo de dólares».
El lunes pasado, la Cámara de Representantes
de EEUU aprobó la Ley Bolívar, que prohíbe a agencias
federales sostener operaciones comerciales con cualquier persona o empresa
relacionada con Nicolás Maduro.
La legislación para la «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», complementa las
sanciones existentes contra el Gobierno de Maduro.
INTERVENCIÓN
CAMBIARIA
Por otro lado, Asdrúbal Oliveros se refirió a la intervención cambiaria que llevó
a cabo el Banco Central de Venezuela
esta semana para contener la demanda de divisas.
«Era lógico que el Gobierno, desde su visión,
iba a hacer lo posible para corregir el problema cambiario», consideró.
Recordó que, hasta hace pocas semanas, el
tipo de cambio oficial estaba en 36 bolívares y ahora en 46, lo que se traduce
en una depreciación de 20%. A su juicio, existe un problema estructural y de
desconfianza en la moneda nacional, además de desequilibrio, donde únicamente
el sector público genera divisas.
«Tenemos una oportunidad de oro para
modificar el sistema cambiario. Hay que
hacer un rediseño del tema cambiario», sugirió.
En el portal web del diario digital “Venezuela Política”, el día 19 de
noviembre de 2024, fue publicado un artículo, cuyo texto lleva por título el
siguiente: Comienza
a operar el alicate contra Nicolás Maduro: ¡Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la Ley
Bolívar!
Algunas señales comienzan a evidenciar que el alicate contra Nicolás Maduro y su tiranía comienza a operar:
la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos; la designación
por parte de este de Marcos Rubio como secretario de Estado; la nominación de
Mike Waltz como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; y ahora
la aprobación de la Ley Bolívar por parte de la Cámara de Representantes de EE.
UU.
La Ley
Bolívar o mejor Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela
presentada a la consideración de la cámara baja del Congreso de los Estados
Unidos —precisamente por Waltz y Debbie Wasserman Schultz, ambos representantes
del estado de Florida—, busca restringir las fuentes de financiamiento de la
dictadura venezolana encabezada por Maduro.
Waltz: solidaridad con el activismo democrático
venezolano
Explicó que con la aprobación de la Ley Bolívar se quiere enviar un mensaje claro y poderoso a Nicolás Maduro
—y otros dictadores del mundo— de tolerancia cero y de eliminación de
recompensas a sus “acciones ilegales y
deshonestas”.
Waltz agradeció el apoyo bipartidista al
instrumento legislativo al tiempo que instó al Senado a que, igualmente, le dé
su aprobación al proyecto de ley rápidamente para su remisión inmediata a la
presidencia para su firma.
Duras
sanciones para el régimen de Maduro
El representante de Florida y próximo asesor
de Seguridad Nacional de Donald Trump, aseguró que Venezuela está en crisis a
consecuencia de las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de
Caracas, al tiempo que recordó la ilegitimidad y autoritarismo de su gobierno.
“Maduro y sus compinches se han burlado e
ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones
violentas contra la oposición democrática”.
Mike Waltz es partidario de la imposición de sanciones duras contra el régimen de Maduro, así como de proporcionar una ayuda humanitaria robusta, al tiempo que se ejerza presión internacional
dirigida a proteger los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela.
Sin embargo, estima que para ello sea
posible, es necesario que Estados Unidos se despoje de los “intereses
corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro”.
De no ser así, cree que no será creíble la manifestación de compromiso con el
pueblo de Venezuela.
La Ley
Bolívar
La Ley Bolívar tiene su antecedente en la
Sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, la cual
prohibía al Departamento de Defensa la suscripción de contratos con empresas
que igualmente mantuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno
venezolano controlado por Nicolás Maduro.
De este modo, la Ley Bolívar se propone imponer estas mismas restricciones de contratación al resto del gobierno federal.
Ley H. R. 825 para prohibir la contratación
con personas que tengan operaciones comerciales con el régimen de Maduro y para
otros fines o Ley Bolívar, prohíbe expresamente la contratación de personas que
mantengan operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro. Se plantean
algunas excepciones.
En el portal web del diario digital “Alertas 24”, el día 20 de noviembre de
2024, fue publicado un artículo, escrito por la Redacción de Alertas 24, cuyo texto lleva por título
el siguiente: María
Corina reitera su apoyo a la Ley Bolívar: “Es un paso crucial para exigirle cuentas
a Maduro”.
La líder opositora María
Corina Machado agradeció al Gobierno estadounidense la postulación de la Ley Bolívar, que trae
medidas altamente lesivas contra la administración venezolana, sancionando a
toda a aquella empresa que colabore comercialmente con el país caribeño.
Auguró consecuencias para el oficialismo, y
aseguró que trae consigo un “claro mensaje”. “La ley Bolívar (oficialmente Ley
de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario
Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro a Maduro: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie
podrá normalizarlas”, afirmó
Machado a través de X.
Asimismo, agradeció el “apoyo inquebrantable”
del senador de Florida Rick Scott, con
quien sostuvo una conversación telefónica sobre el proyecto de ley y el “compromiso
con la libertad” de Venezuela.
“Contamos
con su continuo apoyo para una transición democrática, tal como fue el
mandato tras la épica victoria del pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio”,
afirmó Machado a Scott.
Rescatemos a Venezuela, ¡2024
Ya! *Según el Banco Mundial la
Línea de Pobreza Extrema $64,5 mensual (Diario $2,15). Fuente: Jesús Casique @jesuscasique1.
Tipo de Cambio Bs/US$51,54 (23/12/2024)
Salario mensual $2,52
Diario $0,08
*Salario de Miseria y Hambre.
Pensionados y Jubilados, descapitalizados.
No al salario de hambre.
No a pensiones de muerte.
Con hambre y miseria no hay educación.
1012 días sin aumento
salarial.
En el portal web del diario digital “CRÓNICA UNO”, el día 14 de diciembre de
2024, fue publicado un artículo, por la Redacción de Crónica Uno, cuyo texto lleva por título el siguiente: “Oficializa la
censura”: ¡expertos alertan sobre los peligros para los medios con la Ley
Simón Bolívar!
Una
nueva ley chavista para denunciar y rechazar las sanciones apunta a políticos, ciudadanos y medios, sobre quienes pende la amenaza de
penas millonarias y el riesgo de desaparición por difundir declaraciones
Tras su aprobación en segunda discusión, a
finales de noviembre pasado, el jefe del Parlamento y aliado de Nicolás Maduro,
Jorge Rodríguez, apuntó que la ley “castiga
a aquellos que solicitan sanciones,
invasiones y acciones” contra la vida de los venezolanos.
Pero expertos alertan que la ley, en vigencia
desde el 2 de diciembre, “oficializa la censura” en Venezuela. Consideran que
evita el debate de temas neurálgicos para la nación, como el que debe darse en
torno al espinoso tema de las sanciones.
“Esta normativa no es aislada y forma parte
de una estrategia de penalizar la información y la opinión. Es una medida que oficializa la censura sobre un asunto de interés público, como son las sanciones
internacionales”, dijo a Crónica Uno la directora del Instituto de Prensa y
Sociedad de Venezuela (Ipys), Marianela Balbi.
De acuerdo con la experta, la herramienta se
suma al “andamiaje legal” chavista de los últimos 25 años, que persigue silenciar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho
al acceso de información pública en Venezuela.
Balbi apuntó que la ley está “cargada de imprecisiones que abren espacio” a la discrecionalidad del
funcionario a la hora de aplicar condenas.
En este sentido, aseveró que la ley persigue
“cerrar el espacio cívico y aplicar sanciones desproporcionadas propias de
delitos penales a la opinión e información”.
Golpe
al debate
Para el director de la ONG Espacio Público,
Carlos Correa, la Ley Simón Bolívar es un “dispositivo
de censura” que pone freno a los necesarios debates dentro de las
sociedades modernas.
“Todas las posiciones deben ser toleradas
para que se puedan debatir los temas, y este tipo de leyes lo que buscan es
inhibir el debate. Que no se debatan determinados temas. Por supuesto, son temas muy políticos y no los puedes debatir, pero ¿eso va a cambiar la
opinión de la gente? No, la gente va a seguir manteniendo su
postura, aunque probablemente no lo exprese por la sanción”, dijo Correa a Crónica Uno.
Correa también dijo que la ley,
probablemente, suponga un aumento en la “autorregulación”
de los medios a la hora de dar cobertura a ciertos temas. En especial, los
relacionados con las sanciones y algunas posturas que pudieran considerarse
contrarias a las que permite el poder.
“Básicamente, muchos medios ya ante
determinados temas no hacen cobertura. Y es un enredo, porque significa que ciertamente la sociedad no debate estos temas”, apuntó antes de
aclarar que este extremo vulnera la libertad de expresión.
“Porque
la libertad de expresión es que puedas hablar de cualquier tema sin temor a las consecuencias, y la ley (Simón Bolívar) aumenta el temor”, añadió.
La ley establece que los medios “que difundan
publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas
coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas” (que en la
práctica podrían ser declaraciones de voceros políticos) podrían recibir
sanciones como la revocatoria de
operaciones en el país o multas equivalente “a entre 100.000 y 1.000.000 de
veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BVC”.
Condena
internacional a la Ley Simón Bolívar
El viernes, el alto comisionado de Naciones
Unidos para los derechos humanos, Volker
Türk, alertó que la Ley Simón Bolívar podría usarse para “infringir
gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión,
asociación y participación política» en Venezuela.
“Es esencial que las autoridades tomen
medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en
línea con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad y, particularmente, para Venezuela de cara a la
inauguración en enero y las elecciones programadas para el próximo año”,
agregó.
Con estas declaraciones Türk, cuya oficina
volvió a operar en Venezuela hace días tras la expulsión en febrero pasado
después de que el gobierno de Nicolás Maduro la acusara de “actuar como “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, puso el
foco a nivel internacional sobre la controvertida ley.
¡Reacciones!
¡Comunidad Internacional
denuncia Fraude!
En el portal web del diario digital “EN EL NACIONAL”, el día 13 de diciembre
de 2024, fue publicado un artículo por la Redacción de El Nacional, cuyo texto
lleva por título el siguiente: Volker
Türk: “Ley
Simón Bolívar y ley de ONG atentan contra el
ejercicio de las libertades
fundamentales”.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que está preocupado por el uso
desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas
poselectorales en julio y agosto. Pidió la liberación de todos los presos
políticos.
Durante una actualización del informe sobre
la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), el
alto comisionado Volker Türk rechazó el uso continuado de las leyes para
perseguir, hostigar y detener a la oposición
venezolana y alertó que las nuevas legislaciones –Ley Simón Bolívar y Ley
contra las ONG- podrían infringir gravemente el ejercicio de las libertades
fundamentales.
«Mi oficina ha recibido informes creíbles de
que defensores de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, miembros
de la oposición, trabajadores humanitarios y personal de mesas electorales han
sido objeto de amenazas y hostigamiento», dijo durante su intervención.
Türk señaló que el gobierno de Nicolás Maduro
hace uso continuado de la ley antiterrorista, la ley contra el odio y la ley de
las ONG para perseguir, hostigar, detener a manifestantes y ejecutar
desapariciones forzadas.
«La
legislación restrictiva, como la Ley Simón Bolívar y la ley de ONG, corre el
riesgo de infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión,
asociación y participación política», advirtió.
Reportó que al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado operaciones
debido a denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, incluidas detenciones selectivas y la
cancelación de pasaportes. «Esto contribuye a un clima de miedo y tensión
social, y dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen su
trabajo vital», dijo.
Añadió: «Es esencial que las autoridades
tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo,
en línea con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para
cualquier sociedad, y particularmente para Venezuela de cara a la proclamación
en enero y las elecciones programadas para el próximo año».
¡Volker
Türk pide liberación de presos políticos y condena violencia poselectoral!
El alto comisionado dijo que está preocupado
por el uso desproporcionado de la fuerza
y la violencia durante las protestas poselectorales
en julio y agosto, incluidas las llevadas a cabo por individuos armados que
apoyan al gobierno.
«Insto a una investigación rápida y efectiva
sobre al menos 28 muertes que, según informes, incluyeron manifestantes,
transeúntes y miembros de las Fuerzas Armadas», manifestó.
Alertó que de los más de 2.000 detenidos en
protestas poselectorales, muchos fueron apresados arbitrariamente, incluidos
adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de
derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes.
«Insto
a la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones
presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío
San Miguel y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios. También
insto a las autoridades a proporcionar garantías de un juicio justo para los
detenidos. Esto incluye permitirles designar un abogado de su elección y
proporcionar a los pueblos indígenas intérpretes», señaló.
Volker Türk también indicó en la
actualización de su informe que el «uso continuo de la legislación
antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes de
desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes».
Añadió que su oficina está siguiendo de cerca
la situación de las seis personas en las instalaciones de la Embajada de
Argentina, y «estamos listos para apoyar todos los esfuerzos para encontrar una
solución».
¡Una
frase y algo más…!
“Biden se puede ir y de pronto dice, ‘¿saben
qué?, mejor me llevo la cabeza de Maduro’, cosa que nos alegraría inmensamente
y, si hace eso, yo sería el primero en hacerle una estatua”: Francisco Santos
sobre reconocimiento de EE. UU. a Edmundo González.
“El 90% del país quiere un cambio político.
Tenemos un liderazgo legitimado con el enorme triunfo de Edmundo González
Urrutia. Y una comunidad internacional a la vanguardia que entiende que esto si
se trata de principios y valores con una urgencia que nos obliga a actuar ya,
en el interés de todos” (María Corina Machado).
"Maduro se robó una elección y no se
hace nada, tenemos que encontrar formas más efectivas de proteger las
democracias" (Patricia Bullrich).
CONGRESISTA MARÍA ELVIRA SALAZAR: “TRUMP sabe
que Maduro firmó el Acuerdo de Barbados y lo violó completamente...Ese acuerdo
lo vamos a revivir con TRUMP en la Casa Blanca y MADURO se tiene que ir”. 8
noviembre 2024.
Nota
Final:
Ley Bolívar envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la
postura de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela.
¿Estará la Ley Bolívar a la altura de la
situación o se sumará a las múltiples sanciones que recae sobre los políticos
venezolanos?
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Hoja 243
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