¡Todos sabemos lo que ocurrió el 28J en Venezuela! (35)
¡Amoroso el
operador clave del Fraude electoral! (35)
¡Venezuela merece un gobierno decente!
¡Un gobierno de
transformación democrática!
¡Hacer a Venezuela grande de nuevo!
¡Te contaré una
historia (125)!
¡Crónica
de un Fraude anunciado VIII! ¡PROHIBIDO
OLVIDAR! ¡Las “Actas” vacías del TSJ! Maduro: ¿Las “Actas” pa’ cuándo? ¡Mí voto se respeta! ¿Y, ahora qué? ¡El “peritaje” del TSJ: una recusación, falsos observadores
y un proceso viciado! Desde hojas en
blanco a laptops sin conexión: ¡El show que montó el TSJ para el supuesto
“peritaje” electoral! ¡Enrique Márquez
presentó solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del
TSJ por “vínculos políticos con el
PSUV”! ¡Plataforma Unitaria desmiente que han sido parte del “peritaje” ejecutado por el TSJ sobre
los comicios del 28J: “Reiteramos el
carácter inconstitucional de dicho
recurso”! ¡El Supremo de Maduro
ultima la sentencia del megafraude!
¿Fraude o golpe de Estado en Venezuela? ¡Alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular! ¿Judicializar al CNE es la solución? ¡Esto apenas comienza, vamos hasta el final!
(35).
¡Y,
ahora qué? ¡Y, sí nos dejan!
¡Las actas secretas de Maduro!
La demanda de verificación independiente de
los resultados electorales en Venezuela encuentra oídos sordos en Caracas. ¿Qué papel está cumpliendo el Tribunal Supremo de Justicia?
Que el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ)
validara el triunfo electoral atribuido a Nicolás
Maduro no sorprendería a nadie. Tampoco a la oposición, que le atribuye a
esa corte tanta neutralidad como al Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya proclamó hace semanas la
victoria de Nicolás Maduro.
"Estas
elecciones se hicieron en un marco de ausencia del Estado de derecho", recuerda a DW Leandro Querido, fundador de la
organización Transparencia Electoral. "Al no tener Estado de derecho ni
división de poderes, todas las instancias responden al poder ejecutivo y eso se
ha visto con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, que ha sido
vergonzoso", afirma. El especialista ha seguido procesos electorales en
América Latina desde hace 15 años y asegura no recordar "ningún fraude electoral estructural más
grotesco en la historia
contemporánea" de la región.
"El mismo control que el Gobierno ejerce
sobre el Consejo Nacional Electoral lo ejerce sobre el Tribunal Supremo de
Justicia. Lo más grave es que no hay instituciones internas para dar respuesta
a esta situación", afirma por su parte Alfredo Rojas Calderón, doctor en Ciencias de la Comunicación y en
Ciencias Políticas, e investigador en la Universidad Complutense de Madrid.
Rojas acaba de pasar varios días en Venezuela, donde fue a votar. Considera
que la estrategia del Gobierno ha consistido en traspasar la responsabilidad
del CNE al TSJ, esperando que, con su pronunciamiento, se dé por zanjado el
tema: "Es una última instancia, entonces, allí quedaría el asunto, una vez
que el Tribunal Supremo de Justicia se exprese. Eso tendría el carácter de cosa
juzgada, por lo tanto, ahí no habría nada más que hacer".
Así explica Rojas la intención de Maduro. Y
hace notar un aspecto curioso: "El que se considera ganador de las
elecciones y ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, es quien
recurre al Tribunal Supremo de Justicia para hacer un reclamo… Este es un dato
más que evidencia que los resultados anunciados por el CNE no son creíbles".
¡Las
actas existen!
Lo concreto es que no se han publicado las
actas electorales, pese a la insistencia de la comunidad internacional. "Ellos tienen las actas que tiene la oposición. Recordemos que la
máquina, cuando se hace el escrutinio en cada mesa, emite en formato papel un
respaldo. Y las actas que tiene la oposición -el 83 por ciento- las tiene
también la autoridad electoral, que no sabemos por qué nunca las mostró",
subraya el fundador de Transparencia Electoral, Leandro Querido.
Descarta prácticamente que se puedan publicar
documentos alterados. "Es, yo diría, imposible, porque hay actas
originales en poder de la oposición, que las mostró al mundo a través de una
plataforma. Sería muy evidente la
manipulación", dice, mencionando además los resguardos de seguridad.
También Rojas destaca ese punto. "He
conversado con algunas personas expertas en el sistema, y dicen que tendrían
problemas si quisieran falsificar o emitir nuevas actas. Porque tendrían que
desarrollar todo el proceso nuevamente. Falsificar las actas con los códigos de
seguridad que tienen, incluyendo la firma de los miembros y testigos de las mesas,
es imposible dentro del sistema. Fuera
del sistema podrán hacer cualquier
cosa. Buscar impresoras que lo hagan de la forma más precisa posible, no
sé", reflexiona el politólogo venezolano.
¡La
tesis del "hackeo"!
El Gobierno ha hablado de un ataque
informático, argumento que fue usado también para recurrir al TSJ. "Yo llegué a pensar que eso
podía conducir al planteamiento de una repetición de las elecciones",
comenta Rojas. "Pero no se hizo.
Hubo resultados electorales".
Al dar esos resultados, por mera lógica, la tesis del hackeo pierde sentido.
"Si tu candidato ganó, como dices, y ha sido proclamado por el Consejo
Nacional Electoral con ese hackeo, entonces
significa que ese hackeo no es el
problema", indica.
Leandro Querido habla de un "sinsentido". Y pone en tela de
juicio lo que pudiera publicarse ahora. "Eso no es susceptible de
verificación alguna y, sobre todo, no es susceptible de ser verificado por
organismos independientes… No hay nadie que esté avalando hoy el accionar de la
autoridad electoral y de esta instancia judicial". Por eso, considera que
"seguir reclamándole a una autoridad electoral que respalde con documentos
el resultado que en su momento dio, al día de hoy, es extemporáneo".
Para Alfredo Rojas, en cambio, sigue teniendo
sentido que la comunidad internacional demande la publicación de las actas,
"siempre y cuando se pase de esa exigencia a una gestión". Plantea que
se tendría que poner ya a disposición un grupo de expertos que se presente al Gobierno
venezolano, para hacer la auditoria y la verificación de los resultados. Y que
eso debería ir acompañado de un diálogo: "Aquí, la única salida
democrática, institucional, política, es la negociación. Eso es lo que debe
forzarse, a eso debe conducir la presión, tanto interna como
internacional".
Leandro Querido concuerda en que la solución
a la crisis de Venezuela "vendrá ahora más que nada del plano político, de
las negociaciones, porque lo electoral ya pasó".
Fuente: dw.com, Emilia
Rojas Sasse, 20/08/2024.
¡María Corina Machado y Edmundo González reiteran que el TSJ
no puede
atribuirse funciones del CNE!
Ambos dirigentes opositores alertaron, a su
juicio, que “se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular”.
La líder de la oposición, María Corina Machado, y el candidato presidencial de
la Plataforma Unitaria, Edmundo González,
señalaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «no puede atribuirse
las funciones y facultades» del
Consejo Nacional Electoral (CNE) «pues no le competen».
«La Sala
Electoral del TSJ no está
facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo,
estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente
establecido en fondo y forma en la Constitución.
Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas»,
acotaron en un comunicado.
En ese sentido, indicaron que, conforme a la Constitución, sería, a su juicio, «ineficaz y nula» toda eventual
sentencia de la Sala Electoral que «pueda
validar el fraude electoral que se pretende imponer».
«Los magistrados de dicha Sala estarían
violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en
responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el
artículo 138 de nuestro texto constitucional: ‘Toda autoridad usurpada es
ineficaz y sus actos son nulos’», comentaron María Corina y Edmundo González.
Ambos dirigentes opositores alertaron que «se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular».
Además, resaltaron que el CNE es el órgano constitucionalmente obligado a
totalizar los votos de los venezolanos y publicar las actas de escrutinio.
«Los venezolanos conocemos los resultados
electorales del 28 de julio. Aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas
después de los comicios, el CNE no
ha publicado los resultados. No ha cumplido con el desarrollo de pautas de
verificación y control. Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho
anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que
nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo.
Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No
aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió»,
expresaron.
Fuente:
RDNRedDigitalNoticias, 21 de agosto de 2024.
¡El “peritaje” del TSJ: una recusación, falsos observadores y un proceso viciado!
El Tribunal Supremo avanza con una supuesta
verificación de los resultados electorales sin haber invitado a los partidos
que participaron en la elección a presenciar el proceso ni a los veedores
internacionales acreditados durante la jornada. Tampoco se están realizando
auditorias ni comprobación de firmas digitales, hash ni códigos QR. Y el
excandidato Enrique Márquez recusó a
la presidente de la Sala Electoral y del máximo tribunal por evidente "vínculo político". Por estos
motivos, tanto EEUU como la UE reiteran que no reconocerán lo que
se dictamine en la sentencia del TSJ.
El “peritaje”
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
–bajo dominio del chavismo– para intentar validar los resultados del Consejo
Nacional Electoral (CNE) –también
controlado desde Miraflores– que dieron como ganador de la elección
presidencial a Nicolás Maduro sin totalización, sin publicación de actas y sin
auditorías a casi un mes de la elección, no convence a nadie fuera del círculo
políticos del régimen. Organizaciones de observación internacional,
periodistas, partidos que participaron en los comicios y destacados dirigentes
de oposición han expuesto la larga lista de anomalías de dicho proceso de “verificación” con el que se pretende tapar
la irregularidad mayor: el fraude
electoral.
El proceso en sí muestra claros sesgos e
incumplimiento de las condiciones mínimas para una evaluación de esta
naturaleza. Lo que el panel de expertos de la ONU denunció en el punto 14 de su informe presentado la semana
pasada se ha agravado. “No hay información detallada disponible hasta la fecha
sobre cómo se llevará a cabo esta evaluación”. Y es que el TSJ acudió sorpresivamente el domingo al CNE para iniciar el supuesto “peritaje”
sin convocar a los actores involucrados en la elección, es decir, los partidos
políticos postulantes ni los organismos de veeduría internacionales acreditados
por el propio ente electoral y, en su defecto, invitó a unos falsos observadores,
conocidos popularmente como “observadores
zombie”.
¡El
cuestionado “peritaje” del TSJ con falsos observadores!
Transparencia Electoral ha sido una de las
organizaciones internacionales que ha denunciado esta irregularidad. “Para
intentar darle legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de
partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de ‘observadores’,
‘veedores’ o ‘acompañantes’ internacionales, aunque no tenían ninguna preparación
para ello”, expresa en un informe la organización que también acudió ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar directamente al presidente del CNE, Elvis Amoroso, por “su papel protagónico en el fraude del 28 de
julio”.
El Observatorio del Pensamiento Estratégico
para la Integración Regional y el Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (Ceela) son los
veedores internacionales que acompañan a los peritos del TSJ en su labor de “verificar”
que una muestra (no precisada) de las actas de 30026 mesas de votación
coincidan con las bitácoras de la sala de totalización del CNE. Primero, se trata
de dos instituciones que han manifestado abiertamente su parcialidad hacia el
chavismo al haber expresado previamente su satisfacción con los resultados que
dieron ganador a Maduro sin totalización, sin actas y sin auditorias. Y segundo, el procedimiento en cuestión
no permite comprobar prácticamente nada.
¡Sin
verificación, sin auditoria y sin testigos!
Con este “peritaje” que realiza el TSJ
no se está verificando si el material entregado por el CNE se corresponde con el del 28 de julio o fue generado en días
posterior, tampoco se está comprobando la autenticidad de las firmas digitales
en las actas, el hash que emite las máquinas ni el código QR, ni se están ejecutando las tres auditorias esenciales que el CNE canceló sin explicación alguna,
según detalla en un hilo en su cuenta en X el periodista especializado en la
fuente electoral, Eugenio Martínez.
Por si fuera poco, los partidos que
respaldaron la candidatura de Edmundo González, Mesa de Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) denunciaron que no fueron
informados ni estuvieron presentes en el CNE
durante “el supuesto peritaje” que el TSJ
“dice hacer del material electoral”,
por lo que dicha “verificación” se
realizó a puerta cerrada y sin las partes, lo que lleva a la coalición
opositora a pedir una vez más la “publicación
de las actas de escrutinio” y que posteriormente se valide su autenticidad
mediante “auditorias independientes”.
A pesar de todas estas irregularidades, los
supuestos técnicos y expertos electorales del TSJ avanzaron con dicho peritaje sin explicar en qué consiste la
metodología de su evaluación ni quiénes son realmente estas personas que se ven
en una transmisión de la televisión estatal con guantes y mascarillas haciendo
parte de una puesta en escena que ha dejado más dudas debido a la cantidad de
detalles que se han podido observar como computadoras desconectadas y, ante la
baja calidad de las imágenes, actas que parecen estar en blanco y hojas en las
que supuestamente los peritos hacen apuntes pero no hay escrito nada.
¡Una
recusación por evidente “vínculo
político”!
Tampoco se puede pasar por alto el hecho ya
conocido de que tanto el presidente del CNE,
Elvis Amoroso, como la presidente
del TSJ quien preside además la Sala
Electoral, Caryslia Rodríguez,
vienen de la militancia política en el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) –lo que ya evidencia total
parcialidad– y que el máximo tribunal felicitó “al jefe de Estado Nicolás
Maduro por su reelección” al día siguiente de la jornada electoral sin
totalización de resultados, lo que obligaría a dicha corte a inhibirse por
haber fijado posición previa. Es por este motivo que el excandidato
presidencial, Enrique Márquez,
presentó este martes un recurso de recusación contra Caryslia Rodríguez por sus
evidentes “vínculos políticos” y “falta de idoneidad” para continuar con
esta causa.
¿A
quién convencerán con el “peritaje”
del TSJ?
No se puede olvidar que previo al lapidario
informe del panel de expertos de la ONU,
que no solo advierte sobre la falta de transparencia de los boletines oficiales
que dan como ganador a Maduro sino que además corrobora que las actas
publicadas por la oposición se corresponden con los resultados originales,
habían coincidido también el Centro
Carter –observador invitado por el propio CNE– y la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia en que el ganador de la elección con más de 60 %
de los votos fue el candidato opositor Edmundo
González Urrutia.
La resolución de la Organización de Estados
Americano (OEA) aprobada por
consenso y la declaración firmada por 22 países y la Unión Europea en Santo
Domingo, República Dominicana, elevaron la presión internacional la semana
pasada. Y para mayor dolor de cabeza en Miraflores, los aliados históricos del
chavismo, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo
Petro, también han dejado claro que es al CNE
al que le corresponde publicar las actas y no al TSJ certificar la elección con una sentencia. Entonces, ¿a quién
logrará convencer el régimen con este fallo? Solamente al presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, que asomó esta posibilidad tras separarse del
grupo de negociación del que hacía parte junto con sus homólogos de Brasil y
Colombia.
Para el resto del mundo democrático seguirá
siendo un “montaje”, tal como
advirtió este martes el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez,
cuando le pidió al TSJ no perder
tiempo con su “acto bufo de ‘peritaje'”, adelantando lo que ocurrirá: “Nadie ni en Venezuela ni en
el mundo les va a creer”.
Fuente: PANAM POST, José
Gregorio Martínez, 20 agosto, 2024.
En un espectáculo más digno de un teatro de
mala muerte que de una Corte Suprema,
el TSJ demostró una vez más su ineficiencia y desprecio por la transparencia
en su más reciente intento de “peritaje”
electoral. Lo que debía ser una exhibición de rigor técnico y legal se
convirtió en un penoso montaje que desnuda, sin pudor alguno, la miseria
tecnológica y organizativa de la que adolece el poder judicial venezolano.
Según fuentes internas al abogado Zair Mundaray, la presidenta del TSJ dio la orden de rescatar unas
laptops desincorporadas para improvisar un set de filmación. Un ejercicio
patético, si se toma en cuenta que Venezuela tiene el poder judicial más
rezagado de toda Latinoamérica en materia de tecnología.
Este “peritaje”
electoral es un insulto a la inteligencia y un reflejo del caos que impera en
los tribunales del país. Jueces cercanos al proceso señalaron que las cortes
carecen de los recursos más básicos: no hay internet, computadoras funcionales
ni redes internas operativas. Todo se maneja de forma manual, utilizando
teléfonos personales y routers propios para intentar conectar con una realidad
tecnológica que les es completamente ajena. El colmo del absurdo es que ni
siquiera tienen impresoras ni papel para realizar sus funciones más
elementales. En este desorden, el TSJ
se atreve a llevar a cabo una “experticia”
sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE),
un ejercicio que desde su concepción está condenado a reafirmar el fraude.
Las imágenes que han salido a la luz hablan
por sí solas y son una prueba irrefutable del engaño. Las computadoras que el TSJ ha mostrado en su farsa de “experticia” ni siquiera tienen
contenido visible ni un sistema operativo funcionando. Más insólito aún, no
están conectadas a ninguna red institucional, lo que significa que cualquier
dato que pretendan “verificar” no se
está registrando ni compartiendo en ningún lado. Todos los puertos de las
laptops están libres, lo que evidencia la total falta de preparación y
seriedad. Para rematar el cuadro, ni siquiera tomaron la molestia de
desenrollar los cables de los “mouse”,
que permanecen enrollados tal como estaban cuando estos equipos fueron
desincorporados hace años.
La desorganización no se limita a la falta de
tecnología. El TSJ no tiene
interconexión con otras instituciones clave del Estado, como el Saime, Saren,
Intt, o Seniat. Todo se gestiona a través de oficios que pueden tardar meses o
incluso años en ser respondidos. Esto es un verdadero retroceso en un mundo
donde la digitalización y la interconexión son la norma. No es solo que carecen
de la capacidad técnica para revisar documentos digitales; no tienen ni
siquiera el más mínimo avance hacia la implementación de firmas electrónicas,
expedientes digitales o agendas virtuales. Todo funciona bajo la lógica del
papel, las grapas y archivos físicos, en una era que ya debería haber superado
estas obsoletas prácticas. Para colmo, las pocas impresoras que poseen ni
siquiera están conectadas a la red, y muchas carecen de cables de electricidad.
Finalmente, uno de los aspectos más grotescos
de este montaje lo representan las hojas en blanco que se observan en una nota
de VTV sobre la labor del TSJ, mientras los funcionarios
pretenden escribir en ellas. Este detalle no solo evidencia la improvisación,
sino también el desprecio absoluto por cualquier apariencia de profesionalismo
o autenticidad. Un gesto tan burdo y vacío que deja en claro que, en el TSJ, todo es un show sin sustancia, un intento fallido de maquillar una
realidad que ni siquiera se esfuerzan por ocultar.
En el portal web del diario digital “albertonews”, el día 20 de agosto de
2024, fue publicado un artículo, escrito por la Redacción albertonews, cuyo texto lleva por título el siguiente: ¡Enrique Márquez
presentó solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del
TSJ por “vínculos políticos con el PSUV”!
El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez introdujo este martes,
ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
de Venezuela, una recusación contra la presidenta de esta corte, Caryslia Rodríguez, para que sea
apartada del proceso de revisión judicial de las presidenciales del 28 de
julio, sobre las que pesa una denuncia de fraude.
Esta petición «se basa principalmente -aunque
no solamente- en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que
mantiene con el (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV y con el presidente Nicolás
Maduro», declarado ganador en los comicios, explicó Márquez ante periodistas a
las afueras del TSJ.
«Consideramos que la señora presidenta (que
lidera la revisión del resultado electoral) está incursa en causales
suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser
recusada», subrayó el también exdiputado.
Entre esas causales, mencionó la vinculación
pública de la magistrada, presidenta de la Sala
Electoral del TSJ, con el PSUV,
formación con la que llegó a ser «hasta
concejal» y que respaldó en las pasadas elecciones a Maduro, quien solicitó
al Supremo certificar su triunfo en las urnas.
Aunque la publicación de resultados
desagregados que confirmen la victoria anunciada corresponde al Consejo
Nacional Electoral (CNE) -del que
Márquez fue rector principal-, este ente se ha plegado, a solicitud del presidente
Nicolás Maduro, al proceso judicial, señalado de viciado por la principal
coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Márquez señaló también que, además del sesgo
político, la presidenta del TSJ también
«debe ser recusada» debido al «mal manejo de este proceso» y la «falta de
idoneidad para desarrollar» el peritaje, cuyo expediente, reiteró, sigue
sin conocerse.
«No conocemos el proceso que se está
llevando, la Sala (Electoral) ha inventado un
procedimiento que no conocemos (…) esto le hace un muy flaco favor a la
democracia, la transparencia y la confiabilidad», añadió el excandidato.
La PUD
asegura que su candidato, Edmundo
González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen y publicó en una
página web el «83,5 % de las actas electorales»
-recopiladas por testigos y miembros de mesa- para sustentar su reclamo, que ha
recibido el respaldado de buena parte de la comunidad internacional y diversas
organizaciones nacionales e internacionales.
En el portal web del diario digital “albertonews”, el día 19 de agosto de
2024, fue publicado un artículo, escrito por la Redacción albertonews, cuyo texto lleva por título el siguiente: Plataforma Unitaria
desmiente que han sido parte del “peritaje” ejecutado por el TSJ sobre los comicios del 28J: “Reiteramos el carácter
inconstitucional de dicho recurso”.
Los partidos políticos Mesa de la Unidad Democrática, Movimiento Por Venezuela y Un Nuevo
Tiempo, desmintieron haber sido «informados ni estuvimos presentes en el
Consejo Nacional Electoral en el supuesto peritaje que el Tribunal Supremo de
Justicia dice hacer del material electoral».
Los partidos de la oposición venezolana,
exigen «al CNE la publicación de las
actas de escrutinio del proceso electoral del 28 de julio, y posterior auditorias
Independientes de las mismas».
A continuación, el comunicado íntegro:
Ante las falsas informaciones que desde el
canal Venezolana de Televisión se han divulgado, la Plataforma Unitaria
Democrática de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional que DE NINGUNA
MANERA, por intermedio de las organizaciones políticas Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), Movimiento por
Venezuela (MPV) y Un Nuevo Tiempo
Contigo (UNT) hemos sido convocados
y NO hemos participado de forma
alguna en el irregular procedimiento denominado por ellos “peritaje” que, viene llevando a cabo la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia, ya que no cumplen los extremos de transparencia y
rigurosidad jurídica necesarios.
Reiteramos, una vez más, el carácter inconstitucional de dicho recurso y por ende de todas
las actuaciones que de allí se deriven.
Entretanto, el asesor jurídico de la PUD Perkins Rocha advirtió de un «mayor
conflicto social», ante la decisión que considera tomará el Supremo
-señalado por la oposición de favorecer al Gobierno- sobre la validación del
resultado de las presidenciales, que dio la victoria al mandatario Nicolás
Maduro, un triunfo que el antichavismo y varios Gobiernos extranjeros
consideran fraudulento.
El CNE
declaró ganador a Maduro con base en unos resultados que, 22 días después, aún
se desconocen de forma desagregada, mientras que la PUD insiste en la «victoria»
de González Urrutia, según el «83,5 %» de las «actas» que
-asegura- recogió gracias a testigos y miembros de mesa durante la jornada
electoral, algo que el Gobierno considera como documentos falsos.
Rescatemos a Venezuela, ¡2024
Ya! *Según el Banco Mundial la
Línea de Pobreza Extrema $64,5 mensual (Diario $2,15). Fuente: Jesús Casique @jesuscasique1.
Tipo de Cambio Bs/US$36,62 (01/09/2024)
Salario mensual $3,54
Diario $0,11
*Salario de Miseria y Hambre.
Pensionados y Jubilados, descapitalizados.
No al salario de hambre.
No a pensiones de muerte.
Con hambre y miseria no hay educación.
900 días sin aumento
salarial.
En el portal web del diario digital “EL MUNDO”, el día 20 de agosto de 2024,
fue publicado un artículo, escrito por el periodista Daniel Lozano, cuyo texto lleva por título el siguiente: ¡El Supremo de
Maduro ultima la sentencia del megafraude!
La maquinaria de propaganda del régimen de
Maduro publica unas imágenes de unos peritos que investigan el supuesto
cibergolpe para alterar los resultados electorales.
La escena parece sacada de una película de
serie B sobre alienígenas o de una
temporada nunca vista de CSI Caracas. Unos supuestos peritos del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) abren unas
cajas y unos sobres, ataviados con un disfraz de laboratorio, como si aquello
estuviera radiactivo. Tapabocas, gorras, chalecos, guantes blancos para
funcionarios y veedores (observadores)
internacionales amigos de la revolución.
En los vídeos hechos público por el sistema
de propaganda revolucionario, esos expertos
se mueven como si fueran robots, pero
casi todo falla a su alrededor. Los ordenadores que deberían demostrar la
existencia de un cibergolpe de Estado (según el gobierno, el hackeo desde
Macedonia del Norte persistía ayer, 22 días después de las elecciones, el más
largo de la historia de la Humanidad) no
están conectados a ninguna red, las hojas que manejan están en blanco, los ratones sin desenrollar... Tanto es así
que el antiguo vicefiscal general, Zair
Mundaray, advirtió que para el Cinecitta bolivariano se rescataron unos
ordenadores fuera de uso.
El objetivo
del show revolucionario es que el TSJ
emita una sentencia en la que dé por
buenos los resultados gubernamentales del
28J, el "triunfo" de
Nicolás Maduro pese a que las actas electorales demuestran que perdió por
cuatro millones de votos. Expertos y juristas consultados por EL MUNDO aseguran
que la sentencia es inminente. Y eso pese a que se trata de un órgano
jurisdiccional "sin competencia en la certificación de una elección de un
cargo público, exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)", detalló a EL MUNDO el experto electoral Jesús
Castellanos.
En Venezuela, tras la Constitución aprobada
en los primeros tiempos de la revolución, existen cincos poderes "separados", algo inexistente en la
realidad: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral.
¡"Bufo
peritaje"!
"Señores del Supremo, no pierdan el
tiempo con su acto bufo de peritaje. Podemos anticipar su decisión y nadie ni en Venezuela ni en el mundo les va a creer. Si lo que hizo
el CNE fue escandaloso y grotesco,
lo que intenta el TSJ es peor aún. No existe un solo organismo que no esté bajo
control total del PSUV y del
Ejecutivo", ha denunciado Andrés Velásquez, dirigente de la Plataforma
Unitaria, muy cercano a María Corina Machado.
Una de las claves que desnuda la actitud del TSJ, tribunal que en dos décadas
siempre ha fallado a favor de la revolución, además de convertirse en el
principal martillo contra la oposición, es que las partes convocadas al
proceso no han tenido acceso al expediente. No sólo la oposición
democrática, representada por el ganador de las elecciones, Edmundo González
Urrutia, y por el ex vicepresidente del CNE,
Enrique Márquez, también el resto de partidos.
"Desconocen el contenido del recurso
presentado, desconocen en qué consiste exactamente el peritaje que ha anunciado
el TSJ, desconocen quiénes son los
peritos o expertos técnicos que se han designado para hacer el supuesto
peritaje y no han tenido oportunidad
legal de hacer ningún control
sobre el procedimiento, de tener testigos durante el proceso y, en general de
plantear otros medios de prueba o ejercer control probatorio. Eso invalida el
proceso en el TSJ por violar los
principios más elementales del debido proceso", describió con detalle para
EL MUNDO el jurista Nizar El Fakih, experto en Derecho Internacional.
"Es fundamental la participación activa
de las partes involucradas, los candidatos, no sólo en la generación de pruebas
sino conocimiento del proceso del peritaje", insistió Castellanos, quien
junto a otros expertos se ha encargado de denunciar la importancia que tienen
las auditorías que se realizan una vez acabado el recuento y que el CNE omitió esta vez, paralizado ante la
paliza electoral propinada por Edmundo al jefe de la revolución.
La farsa revolucionaria parte con un pecado
original de mucho peso: el CNE no ha
divulgado los resultados discriminados por centro electoral y por mesa de votación, "sobre lo
cual también debió realizar las auditorías de telecomunicaciones y verificación
de las distintas fases de transmisión y totalización, con la presencia de todos
los testigos acreditados incluyendo los testigos de oposición. Sin ello, no se
ha permitido validar las actas de escrutinio y bases de datos que debió usar el
CNE para emitir su
totalización", remacha El Fakih.
Además, según los estándares internacionales,
"el peritaje debería incluir una realización conforme a criterios técnicos
por instancias independientes y una revisión exhaustiva de todos los
componentes asociados a la totalización y proclamación" de los resultados,
detalló Castellanos.
El chavismo no sólo busca legitimar a Maduro
con la farsa judicial, también pretende asestar
un nuevo golpe contra la esperanza del país. Pero la oposición democrática
se reserva una carta bajo la manga: la reaparición del rector del CNE Juan Carlos Delpino, actualmente en
paradero desconocido. El ente electoral está compuesto por tres funcionarios
chavistas, una colaboracionista y Delpino, quien ha criticado previamente el
esquema de poder que se maneja en el seno del CNE.
¡Reacciones!
¡Comunidad
Internacional denuncia Fraude!
En el portal web del diario digital “EN EL Nacional”, el día 19 de agosto de
2024, fue publicado un artículo de opinión, escrito por Asdrúbal Aguiar, cuyo
texto lleva por título el siguiente: ¿Fraude o golpe de Estado en Venezuela?
La cuestión del adecuado uso del lenguaje
para sortear las trampas que conlleva su perturbación por el socialismo del
siglo XXI, ahora progresismo, sólo interesado en sostener a sus dictaduras
mediante la falsificación de la democracia, exige estar muy prevenidos. Además,
cura contra el tremendismo hiperbólico que inunda a la política de actualidad,
de modo particular a su laboratorio que es Venezuela. No olvidemos que se trata
de la sede de un holding coludido con el narcoterrorismo desde agosto de 1999,
cuyos tentáculos, afincados sobre el Oriente de los despotismos siguen
perturbando con sus relatos mendaces las relaciones geopolíticas en el
Occidente de las leyes.
Abordo el título, pues, en forma de
interrogante y con carácter crucial, justamente por cuanto en el marco del
proceso de deconstrucción cultural impulsado por la izquierda marxista desde
1989 –cuando se entierra El capital de Marx y se asume como guía al catecismo
de Antonio Gramsci, amplificándolo con el andamiaje digital– se siguen forjando
narrativas que perturban los significantes del lenguaje común en sus
significados; con un único propósito, a saber, condicionar a la opinión
pública, llenarla de prejuicios sensoriales y congelarla en su movilidad
racional. Así, al no saber cada persona que cada palabra que usa significa una
cosa distinta en el mercado de los destructores de la democracia, con la
repetición de sus decires se les ayuda, se contribuye a que muera sin quejidos
la alternancia en el poder y el pluralismo, y el diálogo democrático se torna
en diálogo de sordos.
No por azar le fue cómodo a los huérfanos del
socialismo real, luego de que se abriera la Puerta de Brandemburgo, decidir que
accederían al poder sin las armas y con los votos, para, sucesivamente,
predicar la democracia vaciándola de contenidos y esgrimir a los derechos
humanos –es la experiencia de los últimos 25 años en las Américas– para
violarlos de manera sistemática y como política de Estado una vez elegidos.
Desentrañar las narrativas que, en propiedad,
son construcciones literarias de ordinario ficticias y son usadas para fomentar
en la plaza de las ideas las ilusiones, que se vuelven frustraciones en un
tris, es el mejor blindaje para todo aquel que luche por la libertad
sinceramente.
De cara
a lo recién ocurrido en Venezuela, cuando la dictadura –no la tamicemos como
autoritarismo electivo– coludida con los poderes a su servicio, incluida la
cúpula protocolar de la Fuerza Armada, opta por falsificar la voluntad popular
que le ha derrotado de forma monumental el pasado 28 de julio y así buscar
reimponer su liderazgo por la fuerza apelando al Estado policial, resulta
cínico hablar de fraude electoral. De ser así, lo que cabría es corregirlo con
los técnicos, revisar las votaciones dobles o el voto de los muertos, o recibir
la queja del votante al que no se le permitió votar, u observar que las
elecciones fallaron por falta de observación y al término medir sí tal fraude
tuvo o no incidencia determinante en los resultados. E in extremis, ante el
entuerto, tal como lo sugieren aliados internacionales de Nicolás Maduro Moros,
tendrían sentido unas nuevas elecciones. Y es esta la falsa perspectiva que
alimentan los gobiernos de Brasil, Colombia y México, manipulando sus
narrativas mientras avanzan, taimadamente, para no irritar a sus opiniones
públicas internas, dispuestas a cobrarles cualquier traición a la democracia.
“La decisión del pueblo se respeta y eso es
lo que significa cobrar, que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan
que el nuevo presidente es Edmundo González Urrutia” (María Corina Machado).
“El Alto Mando de la Fuerza Armada está
violando de manera abierta y sistemática la Constitución (CRBV) y, dentro de
ésta, el Art.5 (poder originario e intransferible del pueblo), al ignorar el mandato claro del 28 julio” (Ovidio Pérez
Morales).
“Lo que sucede en Venezuela es un golpe
contra la soberanía popular” (Jorge “Tuto” Quiroga).
“No hay que desmayar, hay que seguir
luchando. La libertad cuesta mucho” (Mario Iván Carratu).
“Los venezolanos seguiremos defendiendo la
verdad y luchando para que se respete inequívocamente la soberanía popular”
(María Corina Machado).
“La defensa de la verdad no es violencia.
Violencia es ultrajar la verdad” (María Corina Machado).
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